13 Diciembre 2018
FOTO TOMADA DE TWITTER/ Martín Faciano
Los tucumanos que transitaron por la peatonal Congreso al 100 esta mañana se toparon con una inusual movilización de artistas. Muchos imaginaron que obedecía a una representación histórica, teniendo en cuenta que en esa cuadra se encuentra la Casa Histórica. Sin embargo, nada más alejado de la realidad.
La presencia de actores, la escenografía y el público se debieron a una protesta que realizó el gremio bancario en las puertas del Tribunal de Cuentas. Desde que José Díaz, abogado ligado a ese sindicato, asumió la conducción de la Caja Popular de Ahorros, el gremio mantiene una tensa relación con los vocales del TC.
Puntualmente, desde La Bancaria alegan persecución y acoso laboral por parte del organismo de contralor hacia una delegada de la entidad. De hecho, hubo envíos de cartas documentos. En noviembre, la Asociación Bancaria de Tucumán, a través del entonces secretario general (y legislador provincial) Eduardo Bourlé, actuó en representación de los empleados de la entidad crediticia, y dirigió dos notas con intimaciones formales al responsable de la delegación fiscal del TC en esa repartición, Horacio Heredia, y al titular del organismo de contralor, Miguel Terraf. Según los escritos, se incurrió en “actos ilegales y lesivos” de los derechos de los empleados de la CPA. Bourlé afirma que se “acusó a trabajadores bancarios de haber cometido delitos y se ha pretendido impedir el pago de los salarios en tiempo y forma, para luego acusar a una delegada sindical de haber incurrido en una ‘falta de respeto’”. Sostuvo por escrito que las imputaciones “a la compañera Valeria Miguel son falsos” y que estaba cumpliendo “con las funciones para las cuales fue elegida”.
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