Por Luis Duarte
13 Diciembre 2018
EN EL CENTRO DE LA ESCENA. “La intención fue desviar, tapar y simular la investigación”, manifestó Tejerizo en medio de la audiencia. la gaceta / fotos de franco vera
“Existió una conducta y connivencia dolosa para tergiversar la verdad. (Pero) los acusados no contemplaron dos cosas: el cuerpo no fue puesto en jurisdicción de la comisaría de Raco, sino en Tapia, y el cuerpo no fue hallado en un rastrillaje realizado por ellos (por la Policía), sino por los hermanos Goitea”. Así empezó su exposición Roberto Tejerizo, representante de la acción civil, que dio inicio a la etapa de alegatos del juicio oral por el crimen de Paulina Lebbos.
El abogado, que representa a la familia de la víctima, reforzó ayer la hipótesis de que los imputados “tuvieron conocimiento de la desaparición y la muerte” de la joven, en febrero de 2006. Con ello, sustentó a la vez la responsabilidad de los imputados y del Estado.
QUERELLA. Mrad sigue el alegato mirando hacia el fondo de la sala.
“Usaron la institución para ascensos, destinos y la creación de comisiones especiales, con el objeto de determinar quién asesinó a Paulina. Pero la intención fue desviar, tapar y simular la investigación que le correspondía a la Policía, y en especial, a lo que le correspondía al funcionario político”, expresó.
Tejerizo hizo hincapié en que “no fue menor que el juicio y la condena del ex comisario de Raco, Enrique García, hayan sido tenido en cuenta en este proceso oral. “Ya se falsificaron los instrumentos que dan cuenta del hallazgo del cuerpo y la intervención de personas. No es menor la utilización de las instituciones que forman del Poder Ejecutivo (PE) para desviar los hechos”, añadió.
MOMENTOS. Morfil sigue atento el alegato; Carlino observa el celular.
El letrado remarcó que el artículo 4 de la Constitución provincial establece que los funcionarios son responsables de los actos cometidos en ejercicio. Ese apartado, en conjunción con el 1.112 del Código Civil de Vélez Sarsfield, establece las responsabilidades de los agentes de la administración pública, que actúan como órgano. “Es cierto que se trata de personas que están actuando en representación de la Provincia, como seguridad o vigilancia, pero también hay una actuación de la Provincia como órgano”, enfatizó.
“Las actuaciones, fuera de Gómez, tanto funcionarios políticos y policiales, fueron usufructuar los cargos que la sociedad tucumana les había encomendado”, manifestó.
Alberto Lebbos, en resguardo del derecho de la hija de la víctima, demandó por daños y perjuicios a los imputados y al Gobierno, a raíz de las irregularidades y encubrimiento. El monto del reclamo ascendió a los $ 10,5 millones. Esa cifra resultó de la aplicación del Salario Mínimo Vital y Móvil (Smvym) y los conceptos de “daño emergente”, “lucro cesante”, “pérdida de chances” y “daño moral”.
RECESO. Barrera intenta dialogar con el ex secretario de Seguridad.
Tejerizo fundamentó que Paulina había rendido hasta el último día exámenes de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UNT. Además, dijo: “era una madre ejemplar, como lo había dicho (la testigo) Virginia Mercado y toda la familia Soto. Es cierto que no hay parámetros para determinar (una indemnización), por eso recurrimos al salario mínimo. Es jurisprudencia constante usar el Smvym”, remarcó el letrado, quien también rechazó el cálculo del Gobierno provincial.
La Provincia había expuesto que la hija de la joven asesinada dejaba de percibir alrededor de $ 3,2 millones, teniendo en cuenta la Canasta Básica Total (CBT) y otros ítems, hasta la jubilación de su progenitora, único sostén de la familia.
IMPUTADOS. Di Lella y Sánchez registran cada acusación de Tejerizo.
Por su parte, la acción civil detalló que el monto de la demanda contempla: “daño emergente”, por $ 972.240; “lucro cesante”, por $ 3,34 millones; “pérdida de chance” $ 975. 240. Ello llevaría a un total parcial de $ 5,29 millones.
Por “daño moral” se estipula un monto de $ 5,29 millones. Pero esta cifra quedará a criterio del Tribunal.
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Caso Paulina Lebbos
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