Nuevo proceso penal: anuncian la tercera prórroga y la meta de mayo

Jueces, representantes de los ministerios públicos, legisladores, funcionarios y abogados oficializaron lo que ya se sabía desde el semestre pasado: la decisión de implementar el Código Procesal Penal de 2016 en febrero en toda la provincia estaba fuera de las posibilidades reales. Sin más remedio por el vencimiento inminente de la segunda prórroga otorgada por la Legislatura, el comité especial de seguimiento de esta política institucional anunció la tercera postergación. En su papel de vocero espontáneo de la mesa, Antonio Estofán, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, informó que el nuevo proceso penal comenzará a funcionar en mayo en Concepción y Monteros. Por complicaciones propias de su escala, la capital tendrá que esperar un poco más. Estofán calculó que el centro judicial principal podría subirse a la corriente de cambio a partir de octubre. Las nuevas metas han de ser establecidas por la Legislatura.

A diferencia de los aplazamientos anteriores, la tercera prórroga fue consensuada ayer luego de una discusión basada en el informe de avances y de asuntos pendientes que brindó Andrés Garmendia, relator del vocal Antonio Gandur y coordinador de la reforma por el Poder Judicial. Este análisis no había sucedido nunca en la historia larga de los preparativos para la implementación del Código remodelado, que originalmente debía debutar en septiembre de 2017. La novedad más relevante de las nuevas reglas para la persecución y sanción judicial de la delincuencia es que dejan de lado el papel: la investigación será sustanciada a partir de audiencias orales y públicas, tal y como sucede en los juicios (ver “¿Qué se entiende por...?”).

Más allá del análisis de datos duros (sobre el funcionamiento del régimen de transición, la cantidad de jueces disponibles, el desarrollo de los concursos pertinentes, etcétera), la prórroga provino por primera vez de la comisión especial de monitoreo creada por ley que debía ser constituida hace dos años y recién empezó a funcionar en julio. Asistieron a la cuarta reunión los vocales Estofán y Gandur; el ministro público de la Defensa, Washington Navarro Dávila; el fiscal Jorge Carrasco; los legisladores Marcelo Caponio, José María Canelada, Alberto Colombres Garmendia y Sandra Mendoza (llegó más tarde), y los letrados Arnaldo Ahumada y Cristian Fernández. Casi al final se integró José Farhat, único representante del Poder Ejecutivo en el encuentro de este martes en el Palacio de Justicia.

De 8,5 a 25,5 resoluciones

Tres aspectos incidieron en el recálculo de los tiempos y en el retorno a la implementación gradual en el territorio: 1) el volumen de causas en trámite e incluidas en el programa de “remate”; 2) el plantel de magistrados, y 3) el avance de los concursos para la cobertura de dos estructuras clave y novedosas: la Oficina de Gestión de Audiencias y el Tribunal de Impugnación. Los integrantes del comité convinieron que las justicias de Concepción y Monteros estaban mejor paradas desde todos esos puntos de vista. En particular, Garmendia enfatizó el avance que había permitido la ley que autorizó los juicios “unipersonales”, donde un camarista pasó a cumplir la función que antes desempeñaban tres. Esa innovación permitió, por ejemplo, que la Sala I de la Cámara Penal de Concepción resuelva 25,5 causas en septiembre y octubre de 2018 contra 8,5 en igual período del año pasado.

Según los números que maneja el comité, los centros judiciales del sur tienen 1.000 procesos pendientes mientras que hay 5.000 en la capital. Esa diferencia de tamaño obligaría a hacer una implementación parcial dentro del esquema gradualista. En la mesa se debatió, por ejemplo, la opción de generalizar las audiencias para la discusión de la prisión preventiva en San Miguel de Tucumán que empezaron a ser ensayadas en casos concretos durante este año.

Inquietud

Aunque deliberaron a puertas cerradas, trascendió que algunos integrantes del comité, advirtieron sobre la falta de fiscales en propiedad, que puedan acusar en los juicios orales. En particular, el legislador Canelada planteó su procupación por la inseguridad jurídica que le generaba la figura del fiscal auxiliar o auxiliar fiscal nombrado sin concurso por el ministro público Edmundo Jiménez (no asistió al cónclave). El opositor advirtió que la participación de este funcionario podía generar más nulidades e inconvenientes -ya hubo una sentencia de inconstitucionalidad y un apartamiento en una audiencia de apelación-, y preguntó si el esquema de designación discrecional iba a ser revisado.

Navarro Dávila, que asistió a su primera reunión como jefe de los defensores oficiales (asumió a fines de octubre), informó a los presentes que había dado instrucciones a sus subalternos para que no cuestionaran al fiscal auxiliar porque consideraba que los planteos de inconstitucionalidad iban en contra del sistema y que había que colaborar. El fiscal Carrasco manifestó que su superior Jiménez creía en esta figura y que considera que sin ella no era posible concluir las causas. El representante del Ministerio Público Fiscal pronosticó que el titular de su institución iba a insistir y a fortalecer la figura en cuestión. En reiteradas ocasiones, Estofán recordó que todo planteo de inconstitucionalidad iba a terminar en manos de la Corte y que, en definitiva y a los efectos prácticos, había que esperar la resolución de los cinco integrantes del alto tribunal.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR NUEVO PROCESO PENAL?

El objetivo es reducir los plazos y niveles actuales de impunidad, y aumentar la transparencia  

El sistema procesal penal es el conjunto de reglas que rige la persecución judicial del delito. El código en vigor en Tucumán data de 1991 y, si bien fue revolucionario al comienzo, la falta de infraestructura y capacitación, sumada al incremento de la conflictividad, terminó colapsando el sistema. Por eso en 2012 comenzó el debate de la reforma que, cuatro años después, se tradujo en la sanción de un nuevo Código Procesal Penal. Ese digesto suprime el expediente e incorpora la oralidad a la fase de investigación (etapa previa al juicio). 

El objetivo del cambio es reducir los plazos y niveles actuales de impunidad, y aumentar la transparencia del proceso. En teoría, el esquema remozado propende a subir las chances de que aquel que cometió un delito tenga una condena firme.