11 Diciembre 2018
Legisladores de diferentes bancadas salieron del Poder Judicial con la certeza de que la implementación del nuevo Código Procesal Penal no podrá concretarse desde febrero, como estaba previsto.
Esta mañana, un grupo de parlamentarios encabezados por el oficialista Marcelo Caponio y por el radical José María Canelada se reunieron con vocales de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. "Queremos escuchar de los jueces cuándo van a instrumentar esta herramienta para una Justicia eficaz", planteó Canelada. "Los legisladores aprobamos un Código Procesal que permitirá que los procesos penales sean más rápidos. Es hora que la Justicia ponga su parte. Los tucumanos lo estamos exigiendo", añadió el opositor.
Los cambios al proceso penal, que entre otros asuntos prioriza la oralidad, fueron aprobados hace ya dos años por la Legislatura. Sin embargo, aún no se lograron aplicar. En rigor, 2018 cierra nuevamente sin avances en ese sentido. La semana pasada, en una entrevista con LA GACETA, el presidente de la Corte, Daniel Posse, había advertido que la aplicación del Código podría empezar sólo en Concepción y no en febrero, como había dispuesto la Cámara.
"Hay una comisión de implementación que tiene que manifestar si estamos o no en condiciones de aplicar el nuevo sistema en función de un informe técnico. Mi opinión personal es que podemos empezar en el centro judicial de Concepción en un plazo relativamente corto, pero no en febrero. Lo veo más complejo y difícil en el resto del territorio. Esto depende de la cobertura del Tribunal de Impugnación y de las defensorías oficiales que faltan; de si se termina el concurso de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) y de si concluimos la refacción del ala sur del edificio de Concepción, que creo que requerirá más días que los 75 previstos. De todos modos, la idea es trabajar a full, aunque hay factores ajenos a nosotros que nos limitan. La voluntad política de la Corte es implementar el nuevo Código lo antes posible. Estamos decididos a que esto comience a funcionar, y ya vemos que la oralidad ha empezado a ser implementada parcialmente en ámbitos civiles y penales", había respondido Posse.
El macrista Alberto Colombres Garmendia participó del encuentro con los miembros de la comisión especial, del CAM y del Colegio de Abogados. "Escuchamos el informe de cómo está la situación, a partir de mayo podríamos comenzar en Concepción y en Monteros porque faltan cubrir unos cargos; en Capital está complicada la situación porque las designaciones están más trabadas", relató.
Confirmó que, en la próxima sesión legislativa, se deberá en consecuencia tratar un nuevo proyecto de prórroga para la aplicación del Código, ya que la norma en vigencia establece como fecha de inicio el 1 de febrero.
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