Por Martín Soto
11 Diciembre 2018
El flamante protocolo ideado por la ministra Patricia Bullrich, que flexibiliza el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales en todo el territorio argentino, continúa generando controversia. El reglamento, publicado en el Boletín Oficial el pasado lunes 3, provocó posturas en respaldo y en contra. Hay provincias -y organismos- que rechazaron la resolución 956/18, emitida por el Ministerio de Seguridad de la Nación, mientras que hay jurisdicciones, como Chubut, que adelantaron que adherirán a la norma.
En Tucumán, el ministro de Seguridad, Claudio Maley, afirmó que la provincia está “trabajando bien” con la reglamentación actual, al tiempo que manifestó que le gustaría conocer la postura de la Justicia -principalmente de la federal- para ahondar criterios.
“Nosotros vamos a seguir como estamos. Tampoco lo vamos a rechazar (al protocolo), porque es un instrumento que ha escrito la ministra de Seguridad de la Nación para las fuerzas federales, exclusivamente. Tampoco queremos desecharlo completamente, sino tomar algunos aspectos positivos, que nos resulten operativos, y a lo otro no lo aplicaremos”, expresó Maley en una entrevista con LA GACETA.
El protocolo autoriza a los efectivos federales a usar el arma de fuego sin dar la voz si existiera un peligro inminente de muerte para ellos o para terceros, ante un caso de enfrentamiento con delincuentes. Al respecto, el titular de la cartera de Seguridad de la provincia analizó que los uniformados deben saber distinguir si efectivamente se encuentran ante una amenaza grave. “Es cierto, tiene que haber un riesgo inminente, una amenaza pública o una agresión suficiente. Y siempre, aún con toda la habilitación que tenga el funcionario público, el encargado de hacer cumplir la ley tiene que discernir sobre el riesgo al que realmente está expuesto al frente. Nosotros estamos trabajando en ese criterio”, reveló.
Equilibrio
La secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Erica Brunotto, había calificado la resolución como “un despropósito” que habilita a las fuerzas a “la ejecución por la espalda” y que “abre la puerta a la legalización de la violencia del Estado”.
La oposición nacional, además, había considerado que el hecho de poder abrir fuego sin mediar una palabra o a disparar por la espalda multiplicaría los casos conocidos como “gatillo fácil”. Al respecto, Maley, desestimó que se vayan a incrementar este tipo de casos, al tiempo que afirmó que la Policía trabaja para aplicar e inculcar equilibrio a la hora de actuar.
“Siempre buscamos el equilibrio; queremos inculcar el equilibrio. Y, sobre todo, que el hombre tenga el convencimiento que cuando use las herramientas que le da el Estado para mantener el orden, neutralizar actividades delictivas o neutralizar a personas a que sean autores de hechos delictivos, siempre sea con uso de los medios en forma muy racional”, cerró el ministro.
Contrapuntos
La diputada Elisa Carrió, aliada al Gobierno de la Nación, rechazó la nueva reglamentación al considerar que a Bullrich “se le va la mano”. “Viola los derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo”, expresó en Twitter.
La semana pasada, la ministra indicó que el presidente Mauricio Macri “apoya” el nuevo protocolo y aseguró que a la medida la discutió “durante un año” con el mandatario. “Nuestro reglamento ni viola los derechos humanos, ni es fascista, está basado en las Naciones Unidas, es absolutamente claro, corto, simple, da reglas y protege a la sociedad y a las fuerzas”, dijo.
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Roberto Gallardo, declaró que la norma es inconstitucional. La Legislatura neuquina, en tanto, ya rechazó el protocolo, mientras que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, adelantó que no lo aplicará.
Qué dice la resolución que habilita a las fuerzas federales a usar armas de fuego sin dar la voz de alto
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