San Javier: Bejas ordena el freno de obras en en el barrio cerrado Las Pirámides

El juez federal Raúl Daniel Bejas ordenó suspender las construcciones a Próspero Marcelo Sosa, dueño del emprendimiento del barrio cerrado “Las Pirámides”, ubicado en un predio de San Javier que la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) reclama como parte del Parque Biológico.

La resolución fue notificada el viernes pasado a Sosa por medio del juez de Paz de San Pablo, Raúl Aguilar. Con esto se hace lugar parcialmente al reclamo de la UNT, que desde hace 20 años está en conflicto con Sosa, quien alega tener derecho sobre predio del kilómetro 28 de la ruta 338 (entre San Javier y Villa Nougués), donde desde 2009 está llevando a cabo su proyecto de barrio.

El conflicto salió a luz a comienzos de septiembre, cuando se reveló que se estaba construyendo el barrio cerrado en pleno cerro, en una zona ambiental que se considera protegida.

La voz de alerta había sido dada a los guardaparques de la UNT por unos excursionistas que, al llegar a la cascada “El salto de la Corzuela”, ubicada en ese sector del parque Sierra de San Javier, fueron expulsados por hombres armados –según dijeron- que les advirtieron que se trataba de un área privada.

Entonces se supo que se estaba construyendo el barrio y que las casas se comercializaban por internet. Ya hay al menos una docena de viviendas erigidas y con gente viviendo allí. Sosa argumentó que su familia está desde hace mucho tiempo en ese lugar y que en 2008 la Justicia rechazó a la UNT la demanda por usurpación que había planteado en su contra. El fallo de 2008 del juez Bejas fue por prescripción de la acción penal. Sosa dijo que él tiene la posesión material. “Los derechos posesorios valen más que la escritura…. vale más el dominio del hecho. Yo soy un poseedor animus domini ahí”, manifestó Sosa.

La UNT constituyó entonces una comisión para estudiar la situación de su patrimonio y defender los predios usurpados. Entre otras cosas, se acudió a la Justicia pidiendo amparo para que no se siga construyendo y para que EDET corte el suministro de energía. Se entregó un plano del Instituto de Geodesia en el que está marcado el barrio dentro de los límites del parque universitario. El abogado de la UNT, Máximo Castro, pidió que se considere que se trata de un área protegida por las leyes ambientales, y considerar como antecedente el reciente fallo a favor de la UNT contra Carlos Medina, quien reclamaba un predio en Horco Molle, dentro de la reserva universitaria. “El fallo les da a las propiedades del Estado el carácter de dominio público del Estado y, por ello, son inembargables, imprescriptibles e inalienables”, explicó el letrado.

El 3 de diciembre, el juez Bejas accedió al pedido de suspender las construcciones, no así al del corte de energía. Solicitó al juez de Paz que “proceda a identificar a todos los actuales ocupantes (datos personales, domicilios reales)” y que consigne “en qué calidad y bajo qué título se encuentran ocupando el inmueble en cuestión”. El magistrado señaló que el predio, de acuerdo a la documentación aportada por la UNT, “se encuentra dentro del área natural protegida denominada parque Sierra de San Javier” y consideró que se resuelve con urgencia debido a que “dichas construcciones se están llevando a cabo sin la participación de la autoridad a la que corresponde fiscalizar cualquier actividad que se realice en los predios comprometidos, en resguardo a las leyes provinciales y nacionales de protección a la naturaleza”.

Bejas advirtió que las edificaciones pueden alterar el ecosistema y en especial se estaría violentando el área, de acuerdo a la ley nacional 26.331, de Protección de Bosques Nativos. “En consecuencia, se ordena al señor Próspero Marcelo Sosa y a toda persona que invoque algún tipo de interés en particular, a suspender de inmediato toda construcción de vivienda, tala de árboles y de toda especie vegetal, parquizado de terreno y cualquier otra acción que deprede el sector individualizado como ‘Las Pirámides’ que se encuentra dentro del predio correspondiente al parque Sierra de San Javier”, sostuvo el juez federal. Sobre el pedido de corte de servicio eléctrico, explicó: “no se encuentran configurados los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, en razón de que el servicio fue establecido conforme a las normas del reglamento del servicio eléctrico”. Por lo tanto el predio continuará con el medidor comunitario que en su momento le entregó EDET.

“Ahora se empiezan a elevar todas las pruebas. La UNT se constituirá como querellante, va a presentar los papeles, informes catastrales, las escrituras con todo lo que es el parque Sierra de San Javier”, dijo Gustavo Vitulli, secretario de Bienestar Universitario. “Y a partir de eso, la UNT puede pedir al juez que inicie el desalojo”.