10 Diciembre 2018
Hace poco más de un año, el 7 de diciembre de 2017, la oposición de la Legislatura decidía apoyar en el recinto el proyecto del gobernador, Juan Manzur, que habilitaba la sesión de fondos no reintegrables a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). De cara a la próxima sesión, la última de 2018, los bloques opositores a la Casa de Gobierno podrían haber cambiado de opinión ante el pedido del mandatario de prorrogar esa ley.
El argumento en común entre quienes se expresaron sobre el asunto es una supuesta resistencia a difundir los detalles sobre la aplicación de los fondos que el Estado invierte en esa sociedad anónima de participación estatal mayoritaria (Sapem). Gracias a una normativa de excepción (leyes 9.062 y 9.097), en el último año Manzur dictó decretos por $ 181,8 millones a favor de la empresa, destinados a obras de infraestructura y adquisición de equipamiento y maquinaria. Además, a partir de la venta de las acciones que tenía la Provincia en el Banco del Tucumán al Grupo Macro, del monto global de la operatoria, $ 456,4 millones, en septiembre se transfirieron $ 100 millones a las partidas de aportes a la SAT (el resto fue al área de Seguridad).
El titular de la SAT, Fernando Baratelli, afirma que los montos percibidos en 2018 suman $ 170 millones, de los cuales $ 110 millones fueron para obras, y el resto para equipamiento y materiales. “Tenemos muchas obras. Son las que quedan bajo tierra, dándoles solución a distintos barrios. Somos conscientes de que falta, pero estamos trabajando”, indicó el titular de la firma.
Claudio Viña (Nueva Fuerza-Cambiemos) se mostró crítico con respecto a la aplicación de las normas de excepción a la Ley de Administración Financiera. “Es muy curioso que la SAT sea una especie de ciénaga, donde se hunden y diluyen los dineros de todos los tucumanos. De esta empresa con participación estatal mayoritaria sólo tenemos noticias por su pésimo servicio, por las pérdidas de agua y roturas por doquier. Y porque siempre, pero siempre le falta plata”, ironizó el legislador. Y cuestionó que el gobernador “ahora quiere seguir enviándole fondos durante todo 2019, sin un plan de inversión ni un objetivo concreto”. Señaló que existe un sistema vigente, la ley 8561, a través de la cual se crea el Cargo Especial por Infraestructura. “Con esta ley, toda obra que se haga en la provincia, ya sea nueva o de reforma, debe pagar un cargo importante que surge de los metros cuadrados de la construcción. El 28 de agosto envíe pedidos de informes a la SAT, al Ente Regulador y al Banco del Tucumán para conocer el movimiento de la cuenta bancaria de esta norma. Pasaron los meses y el silencio atruena”, añadió el ex concejal. Y consideró “increíble” que el Estado “siga abasteciendo de dinero a una empresa que monopoliza un servicio público de una manera ineficiente”.
El alfarista Alfredo Toscano (PJS-Cambiemos) afirmó que el Gobierno debe buscar “una solución de fondo” al problema de agua y cloacas. “Lo primero, es que Manzur les diga la verdad a los tucumanos. El gobernador tiene que mostrar los números de la SAT a la sociedad. La Provincia niega conocerlos, pero claramente está al tanto porque integra el directorio de la Sapem. Que muestre los balances anuales, los ingresos y egresos, a quiénes se contrata, cuáles es el sistema de contratación, cómo se utilizaron los millones de la venta del banco”, reclamó Toscano. Sostuvo que la administración de los fondos parece “el Triángulo de las Bermudas”. “Voy a pedir por nota y por proyecto de resolución que se nos informe todo el detalle. Esto es un escándalo. Es como el Instituto de la Vivienda, y si la Justicia investigara, muchos terminarían presos como pasó en esa repartición. La SAT es una caja negra, y ayer era de José Alperovich, hoy el responsable es Manzur, y es una caja de su gobierno”, remarcó Toscano.
José Canelada (UCR) también apuntó a ese sentido. “No es coincidencia que nos pidan que enviemos dinero para una ‘caja negra’ en un año electoral”, afirmó.
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