Hachazos, balaceras y prejuicios

“Ninguna historia empieza cuando empiezan las historias. Suelen hacerlo mucho antes de lo que identificamos como el inicio evidente”. Enrique Piñeyo, “El Rati Horror Show”.

Los prejuicios sobre la violencia explotaron a full esta semana, con las tragedias del colombiano decapitado en El Colmenar y del asalto al molino Trigotuc en Banda del Río Salí. Son síntomas del deterioro de la convivencia y de la falta de respuestas del Estado ausente. Los dos episodios sobresalieron de la retahíla de incidentes, arrebatos y detenciones que saturan la rutina cotidiana en esta sociedad violentada y casi resignada.

Entre el mensaje y la casualidad

El gran estereotipo de la violencia narco al estilo mexicano apareció con el ataque al colombiano Jorge Leonardo Cantillo Rodríguez, decapitado por Nahuel Acosta después de decir que “iba a podar un árbol”. No se trató de una imagen sugerente al estilo de la cabeza sobre el lomo de una tortuga en medio del desierto, que estremece en un capítulo de la serie “Breaking bad”. Fue algo infinitamente más horrible: las fotos del cuerpo sin cabeza se difundieron por las redes sociales hasta el paroxismo. Geraldine Salazar, abogada de la familia del fallecido, pidió que se investigue si se trata de un mensaje mafioso, a la vez que negó que se haya tratado de una venganza. Pero el estereotipo de mensaje narco mexicano quedó desvirtuado con la declaración de Alberto Cardona, padre de la víctima: “Simplemente el tipo se drogó y estaba dispuesto a matar a cualquiera”. Y acá aparece otro estereotipo: la violencia exacerbada por la droga. ¿Explica esto tal salvajismo? Fuentes de la fiscalía de Adriana Giannoni confirmaron que al día siguiente del ataque Acosta seguía intoxicado. El psicólogo Emilio Mustafá, que trabaja con adictos en barrios marginales, dice que no se puede definir qué ocurrió. “No es común un trastorno psicótico inducido por sustancias. En ese caso hay tanta incertidumbre en cuanto a lo que está pasando, que la situación da para cualquier cosa. Ojalá que sea un hecho aislado y no una modalidad ni un mensaje”. Eso sí, afirma que en la zona de El Colmenar (Las Talitas), como en los barrios de la periferia de la capital, se ve “el afianzamiento del narcomenudeo. Ha empezado a ser más masivo. Y más allá de este caso, en estos sectores hay un alto nivel de agresividad y por eso mismo mucha gente no habla mucho. Hay una sensación de que no están cuidados por el Estado”. ¿Hubiera podido el Estado hacer algo en este caso? Hace dos años el fiscal Diego López Ávila decía que no se podía prever lo que pasa dentro de las casas. Pero de la violencia imperante y de sus causas sí se podría saber. Y también del narcomenudeo, que las mismas autoridades dicen que genera miedo y agresiones, sin que se haga algo al respecto.

Entre la paliza y el protocolo

Hay otro revulsivo que muestra la violencia: la furia ciudadana. El 29/6/16, López Ávila y Giannoni advertían del aumento sustantivo de la violencia en la calle, traducido en el enojo social: el 50% de los detenidos llevados a declarar a Tribunales llegaban lesionados por las palizas recibidas de los vecinos que habían participado en su detención. “La realidad es que los tucumanos actúan así porque no reciben las respuestas de la Policía y de la Justicia que ellos creen que deben recibir en tiempo y en forma”, decía Giannoni. Las cosas no mejoraron: ayer circuló por redes sociales un video sobre la furiosa golpiza a dos arrebatadores en avenida Alem y Crisóstomo Álvarez.

Dos años después de la advertencia de los fiscales, hoy la respuesta del Estado es el protocolo de la ministra nacional Patricia Bullrich que permite a las fuerzas federales disparar sin preguntar. Con este criterio, un crimen como el del niño de 12 años Facundo Ferreira quedaría impune, porque ni siquiera se haría sumario contra los agentes Mauro Díaz Cáceres y Nicolás González Montes de Oca, que lo balearon en la nuca en una no probada persecución. Ya sin el protocolo de Bullrich ha sido difícil imputarlos, pese a que a uno de ellos se lo detuvo por robo. Con su reglamento Bullrich desvía el debate hacia los miedos y paradigmas sociales (cuando habla de poner el foco en la víctima) y no hacia la mala preparación policial y la necesidad de cambiar formas de trabajo para la pacificación de la sociedad. La suya es una respuesta populista frente al fracaso estatal ante la violencia. Ni los funcionarios de la provincia de Buenos Aires (de Cambiemos, afines a Bullrich) creen en este protocolo.

Entre la ciudad y el campo

El asalto al molino Trigotuc disparó otros paradigmas de la inseguridad. Uno es si basta que haya policías para asegurar tranquilidad. César Arnaldo Coronel, el que abatió al delincuente Sergio “Boliviano” Martínez, es un policía que a la vez es empleado en el molino (extraña combinación laboral). Y en el momento del tiroteo pasó por ahí una patrulla de la Regional Este. O sea, había policías. Sin embargo, a los delincuentes eso no les preocupó. Según dicen los empresarios y productores de Apronor, “la delincuencia no sólo está al día en la ciudad; también en el campo y las empresas del sector. Robo de ganado, de granos en silobolsas, maquinarias y herramientas de trabajo son los objetivos de la delincuencia”. Y hay otro detalle en el ataque al molino: el hecho de que uno de los asaltantes, “Sergio “Rincón” Suárez, es empleado municipal de la Banda. El debate nunca realizado sobre los vínculos de la política con el mundo marginal asomó con las aclaraciones del intendente Darío Monteros, el silencio del ex intendente (hoy legislador) Zacarías Khoder y la decisión de auditar los antecedentes de los empleados en ese municipio. En los comentarios a las notas en LA GACETA asomaron los rumores, las verdades y las mentiras que circulan por detrás de las relaciones entre política y marginalidad.

Entre la estrategia y el marketing

Ahora se está por prorrogar la ley de emergencia en seguridad, por segunda vez desde 2015, sin que se sepa qué resultados han tenido todos los debates y reuniones realizados en estos años. El ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, que ya se metió en cuestiones de seguridad al presionar para que se sancione la ley contra rompevidrios, escruchantes y motoarrebatadores atrapados in fraganti, presenta ahora la nueva tarea de las fiscalías especializadas en diversos delitos. Dice que ya está trabajando con estadísticas, comparando datos y presionando a la Policía para actuar según evidencias. Con esa presión dice que va a empujar a los funcionarios de Seguridad. ¿Buenas intenciones o puro marketing? Es una sorpresa cuyos resultados están por verse en esta sociedad anestesiada. Sólo la baja de la violencia comprobada por una entidad independiente podría generar la sensación de pacificación. De otro modo seguirán reinando el miedo y los prejuicios sobre la violencia.