07 Diciembre 2018
BARRAS EN LA MIRA
Diputados del oficialismo y de la oposición continuarán la semana próxima analizando el proyecto para agravar las penas a los barrabravas que cometan actos de violencia en los estadios de fútbol, con el objetivo de mejorar su redacción respecto a las escalas penales, iniciativa que sería finalmente debatida en una sesión especial prevista para el 18 de diciembre, dos días antes de que concluya el período extraordinario de sesiones.
Por ese motivo, fuentes parlamentarias pusieron en duda que finalmente el texto -que debe pasar aún por el Senado para convertirse en ley este mismo año- pueda tener un rápido tramite y sanción definitiva de la Cámara alta antes de fin del período extraordinario de sesiones convocado por el Gobierno y que concluye el 21 de diciembre.
Por eso, las fuentes no descartan que el tema sea tratado recién el año próximo por el Senado, o bien en febrero si hay una nueva convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, antes del inicio de las ordinarias, que comienzan el 1 de marzo.
Si bien el oficialismo logró obtener dictamen y tenía la intención de debatirlo en el recinto ayer, luego de varias idas y vueltas, aceptó las propuestas de varios bloques de la oposición, e incluso de algunos del propio Cambiemos, de postergar su debate para mejorar la redacción de las escalas penales e incorporar cuestiones vinculadas a la prevención de este tipo de delitos.
Al promediar la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, anunció ante el pleno que los bloques políticos habían acordado postergar el tratamiento para lograr mayores consensos, iniciativa que estaba incluida en el temario del plenario, y que había sido incorporada por el Gobierno en la convocatoria a sesiones extraordinarias.
El dictamen de mayoría consensuado entre Cambiemos y la oposición disminuye las penas previstas en el proyecto enviado por el Gobierno para adaptarlo al anteproyecto de Código Penal, que diseñó una comisión de expertos junto al ministro de Justicia, Germán Garavano.
El despacho establece que la venta de entradas falsas tendrá una pena de 6 meses a 2 años, mientras que se dispone prisión de 2 a 8 años si el delito fuese cometido por un organizador, protagonista o integrante de un grupo.
El proyecto fija penas de seis meses a dos años de prisión -si no resultare un delito más severamente penado- al que tuviere en su poder objetos cortantes, instrumentos contundentes, artefactos químicos, de pirotecnia, inflamables, asfixiantes o tóxico; o cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para intimidar, ejercer violencia o agredir.
Establece por otra parte penas de 2 a 6 años de prisión para el que introdujere armas de fuego o artefactos explosivos sin la debida autorización.
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