07 Diciembre 2018
POSICIONES. Los vocales Rafael Macoritto y Dante Ibáñez, ayer en el juicio. LA GACETA/FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El despacho de la Fiscalía de Cámara de Apelaciones en lo Penal se transformará el lunes en una improvisada sala de audiencia del juicio oral por el crimen de Paulina Lebbos. Allí se realizará el careo entre el titular de esa unidad judicial, Alejandro Noguera, y el imputado por encubrimiento Eduardo di Lella, para determinar contradicciones entre las declaraciones testimoniales de ambas partes.
La Sala III hizo lugar ayer a un pedido de Gustavo Morales, defensor del ex secretario de Seguridad, a partir de los votos favor de los vocales Dante Ibáñez (presidente) y Carlos Caramuti, con la disidencia de su par Rafael Macoritto.
Noguera fue el primer fiscal que investigó el homicidio de la joven, ocurrido el 26 de febrero de 2006. Pero luego lo apartaron por orden del Ministerio Público Fiscal, tras participar en una reunión convocada por referentes del gobierno en la propia casa del entonce gobernador José Alperovich. Fue reemplazado por Carlos Albaca. El funcionario goza de privilegios constitucionales, según el artículo 230 del Código Procesal Penal de Tucumán.
Ayer, ante el requerimiento de Morales, el fiscal fue notificado de la decisión del Tribunal y respondió que se amparaba en los privilegios para no concurrir a la sala. Sin embargo, la Sala III dispuso que el careo se lleve adelante en la oficina de la fiscalía, al sustentarse en el mismo artículo, que permite esa metodología. Por razones de espacio, apenas entrarán las partes y los vocales, indicó Ibáñez.
El magistrado, seguidamente, fundamentó su voto: “estoy cansado de los privilegios irritantes que vienen del siglo pasado. Todos somos iguales ante la ley por los artículos más conocidos de la Constitución argentina, y que están en todos los tratados internacionales. Y estoy harto de pagar el precio como magistrado que me señalen en la calle por la conducta y los actos de otros (...) Los considero irritantes e inconstitucionales, como lo dijimos en la sentencia parcial que la Corte (Suprema de Justicia local) revocó”, manifestó.
El Tribunal optó por esta alternativa para hacer efectiva la medida, teniendo en cuenta que esa sentencia de la Corte aún “no está firme”.
El desafuero
La Sala III había resuelto previo al proceso oral que varios testigos con fuero, como Alperovich y Edmundo Jiménez, actuales senador nacional y ministro Fiscal, testificaran por escrito, aunque también había dejado abierta la posibilidad a que sean llamados en caso de necesidad. Posteriormente, la Corte desestimó en un fallo esta postura, respondiendo a una presentación del ex gobernador.
“Hago pública mi renuncia a cualquier tipo de privilegio desde ya y mi compromiso a presentarme, como cualquier ciudadano, cuando lo requiera la autoridad judicial, si algún día este juez tiene la mala fortuna de verse involucrado en una causa penal”, dijo Ibáñez.
Caramuti, por su parte, expresó: “desde el punto de vista jurídico y procesal, el Tribunal tiene que prevenir cuestiones de eventuales nulidades o exclusiones probatorias”. El magistrado remarcó que, sin conocer el resultado del careo, el tribunal “tiene que garantizar el amplio derecho de las partes”. “La norma que ha sido declarada constitucional y no anticonvencional por la Corte, tiene un marco que permite conciliar ese privilegio con el derecho de las partes”, añadió.
Macoritto, quien votó en disidencia, remarcó que “no le había gustado la frase de Ibáñez”. “Quedo como que estaría protegiendo alguna cuestión, pero yo he votado de manera coherente en casos anteriores”, expresó, entre otros argumentos.
Ibáñez, inmediatamente, aclaró que el sentido de su voto no había referido a su posición. “Cuenta con todo mi respeto y mi admiración. Y reconozco su coherencia para mantener su decisiones”, enfatizó.Declaración
El Tribunal, además del careo entre Noguera y Di Lella, autorizó cuatro medidas similares. Tres de ellas se concretaron en la audiencia de ayer y tenían como protagonista al secretario de Seguridad.
El ex funcionario alperovichista “rechazó de manera categórica todas las imputaciones” (encubrimiento, entre otros delitos). En esa línea, cuestionó la actuación del tercer fiscal del caso, Diego López Ávila.
Di Lella afirmó que el 26 de febrero de 2006 había participado en una fiesta en el club de Raco, en línea con la versión de Hugo Sánchez, ex jefe de la Policía. “Con anterioridad, había invitado al jefe de Policía (...) Sánchez fue al club y yo estaba con mi familia. En mi mesa no había lugar, por eso se sentó en otro lugar. Después charlamos. Él estaba con su chofer, y yo lo despedí”, aseguró el ex funcionario, entre otras cosas. El chofer, Guillermo Arturo Polli, se encuentra detenido por orden del tribunal y es investigado por presunto falso de testimonio.
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