Un juez de Paz imputado cuestiona a la Corte por dilatar 14 años un sumario

Antonio Héctor Heredia dice que no entiende por qué la Corte Suprema de Justicia de Tucumán se decidió a promover su destitución 14 años después de la apertura de la causa penal donde interviene como coimputado y 13 días más tarde de que el gobernador Juan Manzur aceptara su renuncia al Juzgado de Paz de Alderetes. El funcionario manifiesta que está en una situación laboral “transitoria” desde 2004, cuando la Justicia Federal comenzó a investigar la supuesta falsificación de DNI, y que ahora, a los 75 años, sólo ansía poder jubilarse con el beneficio del 82% móvil. “No me voy por este tema, sino porque me corresponde por mi edad. He perdido la visión de un ojo y estoy con licencia desde hace casi un año. Si no me jubilo, cobraré el 50% de mi salario”, explica en la entrevista que concedió ayer junto a su abogado Jorge Contrera para ofrecer su versión de los hechos.

La historia de Heredia trascendió en septiembre, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF) puso fecha al juicio de una presunta maniobra para otorgar DNI apócrifos en favor de extranjeros. El enjuiciamiento originalmente programado para este mes (luego fue adelantado a noviembre) involucra también al ex juez de Paz de Orán (Leales), el jubilado José Benito Aráoz, y a dos agentes del Registro Civil, María Luisa Díaz y el abogado Roberto Javier Ortega. Pese al tiempo transcurrido, la causa penal no prescribió porque Heredia había conservado su condición de funcionario público. Pero cuando faltaban nueve días para el comienzo del juicio oral, el presidente del TOF, Gabriel Casas, suspendió los planes porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación había solicitado el expediente en el ámbito de un recurso de queja de los imputados que esgrime que expiró el plazo razonable para celebrar el juzgamiento.

Cinco días antes de la suspensión dispuesta por Casas, los vocales Daniel Posse (presidente), René Goane, Antonio Gandur y Claudia Sbdar cerraron el sumario que había ordenado el primero en agosto, en conexión al entonces inicio inminente del juicio, y pidieron a la Legislatura la destitución de Heredia (Antonio Estofán no firmó la acordada porque estaba en un viaje oficial). “¿Por qué recién ahora? ¿Por qué no esperaron al resultado del debate? ¿Por qué quieren echarme si sabían que yo estaba por jubilarme?”, interroga el todavía juez de Paz.

-¿Cómo llegó a este punto?

-El 16 de junio de 2004 llegó la Gendarmería a mi oficina y secuestró los libros: nada más. Yo comuniqué esa situación a la Inspección de los Juzgados de Paz. Luego, el inspector Raúl Pérez me dijo que, por órdenes de los superiores, provisoriamente iba a pasar a prestar servicios allí. Tribunales no me hizo ningún sumario: estuve 14 años en la misma situación transitoria

-¿Por qué quedó imputado?

-Desde 1990, que empecé a trabajar en Alderetes, hasta 2004 inscribí 12.000 nacimientos. Hice las anotaciones tardías de la Ley de Amnistía, pero sólo si existía una resolución del Registro Civil que así lo ordenara. Me acusan de haber hecho 65 anotaciones irregulares, pero todas tienen la correspondiente autorización de los directores. Nadie me imputa la venta de DNI: este puede haber sido el caso de otro de los implicados, pero no el mío. Nunca me privaron de la libertad ni allanaron mi domicilio.

-¿Usted dio DNI a extranjeros?

-Puede ser que a dos, si llamamos extranjeros a unos gitanos que vivían en Los Gutiérrez.

-¿Quiénes eran los directores en esa época?

-Hubo varios: (Osvaldo y Francisco Antonio) Martínez, (Marta) Zurita y (Dante) Loza… Todos firmaron las resoluciones que me habilitaban a inscribir y cuya validez no podía cuestionar. Nací en el campo, o sea que aplicaba mi leal saber y entender, como corresponde a la Justicia de Paz.

-¿Por qué cree que la Corte recién abrió el sumario en agosto?

Contrera:-Lo más sorprendente es que para que Heredia iniciara los trámites ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el secretario administrativo del Poder Judicial, Gustavo Ahmad, certificó que él no registraba medidas disciplinarias ni sanciones. Después aparece la Corte diciendo en la acordada en la que pidió la destitución que Heredia había sido apercibido y suspendido antes de 2004. El presidente Posse habló de que hubo una ‘mano negra’, pero esta viene de otro lado. Nosotros hemos pedido que se nos informe cómo comienza el sumario administrativo y hasta el día de hoy siguen sin contestarnos.

-Si usted se jubila con el 82% móvil, se librará del proceso de destitución que solicitó la Corte.

-La propia Corte debe enviar una acordada a la Anses para comunicar la existencia de la aceptación de la renuncia, pero está reteniendo el instrumento.

-Si la Corte de la Nación le otorga el beneficio del plazo razonable, no habrá juicio oral...

Contrera:-La Corte de la Nación no puede reconocer la garantía a (Carlos) Menem y no a nosotros, cuando estamos casi en las mismas condiciones. Además, hubo una investigación incompleta: los directores del Registro Civil que firmaron las resoluciones no fueron citados. No se apuntó para arriba. En cuanto al sumario, o lo hacés en 2004 o lo hacés después de la sentencia, pero no en el medio. Lo más gracioso es que niegan conexión de la investigación administrativa con la penal: sólo hablan de una falta de decoro y de un desprestigio para el Poder Judicial. La Corte trabajó rápido para cubrirse de responsabilidad.

-Este año hubo dos jueces de Paz destituidos y uno fue condenado por la Justicia local. El presidente de la Corte dijo que no era posible controlar la institución. ¿Qué opina al respecto?

-Todos los juzgados de Paz están llenos de empleados… Y nos sacaron muchas funciones. Hay un retroceso. Una vez que me jubile tal vez pueda volver y contar lo que pasa.