Según la CPA, “no es legal” la sanción al interventor Díaz

La Caja Popular de Ahorros (CPA), a cargo del interventor José César Díaz, objetó la decisión del Tribunal de Cuentas (TC) de dictar una penalización de $ 50.000 en contra de su autoridad.

“La multa no es legal. Sancionan (al funcionario) por falta de respeto por haberse opuesto a la realización de una auditoría. En realidad, y según consta en las actuaciones administrativas, se ha dado cumplimiento con las obligaciones legales. La oposición no es a la auditoría, sino que se recusa a quienes pretenden actuar como auditores”, expresó la entidad crediticia mediante un comunicado enviado a LA GACETA por la Secretaría de Relaciones Institucionales.

La Caja Popular sostuvo su queja sobre la intervención de los profesionales del TC. “No pueden hacerlo, según las normas aplicadas. Todo esto, como consecuencia de encontrarse denunciados por la CPA los auditores designados y algunos de sus familiares. Se puede verificar en los procesos penales identificados como Carugatti René Gregorio y otros s/ malversación de caudales públicos y asociación ilícita - víctima: Caja Popular de Ahorros de Tucumán - expediente 55.918/2018 (Fiscalía 6°); y Heredia Horacio y otros s/ abuso de autoridad y otros - expediente 66.618/18”, manifestó la entidad a cargo de Díaz en el comunicado.

El viernes pasado, en el recinto de la Legislatura, el legislador Eduardo Bourlé -secretario general saliente de la Asociación Bancaria- dedicó una alocución de casi 10 minutos a respaldar a Díaz, profesional ligado a ese gremio, y cuestionar la actuación del Tribunal de Cuentas. “No son auditores imparciales, son parte de una denuncia y de la gestión anterior; no se puede ser juez y parte”, aseveró Bourlé, en el período de manifestaciones generales. Detalló que el interventor Díaz había tratado de llevar a cabo una licitación para iniciar una investigación interna sobre el estado de situación de la CPA. “El propio yerno de (el presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel) Terraf, Esteban González, ha sido parte de la gestión anterior de la CPA, y debía tener en cuenta todos los controles. Esto se debe específicamente al tema del Hipódromo”, planteó Bourlé ante sus colegas del cuerpo legislativo. “Hoy tenemos que soportar la intervención del Tribunal de Cuentas cuando ellos son parte de lo que se está denunciando, y con una multa de 50.000 al interventor de la Caja Popular de Ahorros; me parece un exceso”, insistió Bourlé.