El radicalismo apretó hoy el acelerador en contra de los servicios que presta la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). Por un lado, el legislador Eudoro Aráoz y el concejal Agustín Romano Norri encabezaron una audiencia "cívica" para que la gente se exprese. Por el otro, el parlamentario José María Canelada presentó una recurso de amparo con pedido de medida cautelar ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo para que se retrotraiga la suba de tarifa del servicio de aguas y cloacas.
"La idea es debatir con los vecinos por la calidad del servicio y el precio y el impacto en el medio ambiente: La audiencia es para que los tucumanos tomen conciencia por el impacto ambiental de los líquidos cloacales en las calles y el Gobierno de Tucumán no hizo nada. Ningún organismo de la provincia hizo nada por el servicio ni por el cuidado del medio ambiente. Queremos que la sociedad exija que la provincia haga las inversiones que no hizo", planteó Aráoz.
En cambio, Canelada acudió a la Justicia luego de solicitar en dos ocasiones ante el ente de control la nulidad de la audiencia y de presentar un recurso de alzada ante el gobernador Juan Manzur, que lleva tres meses sin respuesta. Además, se solicitó que se ordene a la SAT que se abstenga de realizar cortes de servicio por motivo de falta de pago en base a los incrementos. "Durante todo este año, la SAT instrumentó una estafa que contó con la complicidad del gobernador Manzur y el Ersept. Lo que buscamos, teniendo en cuenta que existe jurisprudencia en este sentido, es que se vuelva a la tarifa anterior. El aumento fue ilegal e injuto", denunció.
"Los informes con los que el Ersept llamó a la audiencia no eran completos ni serios, la información era nula. Incluso, ahí descubrimos que estaban realizados por AGIS, la empresa particular del gerente comercial de la SAT. Los usuarios contaron que el servicio era humillante. Incluso, uno de ellos contó que su esposa se había quebrado las dos piernas por un pozo que había hecho la empresa. Fue un escándalo de principio a fin, pero se validó la audiencia y se permitió el aumento. El Ersept, más que cuidar a los usuarios, está cuidando a las empresas", afirmó el legislado.
Como consecuencia de este aumento, un usuario que recibió una factura bimestral en junio que rondaba los $489, luego de entrar en vigencia las resoluciones cuestionadas pasó a pagar por bimestre $810, un aumento que supera el 50%. La SAT justificó esa suba asegurando que iba a servir para realizar obras que mejoraran el servicio. Sin embargo, el legislador radical explicó que nada cambió. "Aquí sólo se ponen parches. Si la SAT realmente quiere resolver los problemas de este servicio, debe pedirle a su jefe político, Manzur, que el oficialismo vote la Ley de Emergencia Sanitaria que presentamos. De esa manera se realizarán las inversiones que Tucumán realmente necesita. En cinco años, el problema estará resuelto".