La Corte pide la expulsión de un acusado

El sumario administrativo ordenado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Posse, concluyó con la decisión de impulsar la separación de Antonio Héctor Heredia de su cargo de juez de Paz de Alderetes. Los integrantes del alto tribunal consideraron que las conductas ilícitas atribuidas al funcionario en la Justicia Federal justificaban su destitución. Con esa finalidad, los vocales Posse, René Goane, Antonio Gandur y Claudia Sbdar formularon una denuncia ante el Poder Legislativo, institución que ha de resolver si acusa o no a Heredia ante el Jurado de Enjuiciamiento (Antonio Estofán no firmó porque estaba en un viaje oficial). La Acordada 1.317/18 fue emitida 14 años después del inicio de la causa penal contra el juez de Paz y cinco días antes de que el camarista federal Gabriel Casas suspendiese el juicio oral (se informa por separado).

“Las manifestaciones de Heredia (durante el sumario) implican el reconocimiento de que su proceder no se condice con los deberes de agente judicial. Se limita a justificar su conducta alegando haber cumplido la orden de un superior. Olvida el juez de Paz que la ley le confiere funciones de agente del Registro Civil y Capacidad de las Personas, y que como funcionario público ha traicionado la confianza depositada en su persona. En efecto, ha empleado la autoridad recibida como instrumento para violar la normativa que debió haber respetado”, dijeron los vocales. Posse, Goane, Gandur y Sbdar rechazaron que su potestad disciplinaria en el ámbito administrativo hubiese caducado, y que correspondiese aguardar al resultado del juicio que iba a sustanciar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

En mayo, el Jurado de Enjuiciamiento creado en 2006 debutó con la destitución de otros dos jueces de Paz denunciados por la Corte: Pedro Antonio Núñez (Los Gómez) y José Solano Lazarte (Alto de Anfama). Heredia está acusado junto a su ex par de Orán (Leales), José Benito Aráoz, y a otros imputados, de haber intervenido en la presunta falsificación de DNI en favor de extranjeros a cambio de sumas de dinero. “Si bien aún no recayó condena penal en su contra, este tribunal considera que la posible conducta delictiva conlleva, además de la investigación penal, una responsabilidad administrativa en atención a que todo empleado público debe comportarse dentro y fuera del servicio en forma decorosa y digna”, expresaron los vocales. La Corte recordó que Heredia había recibido sanciones en 1996 y en 2001. Y añadió: “la conducta imputada al juez de Paz de Alderetes compromete seriamente la dignidad del cargo y el prestigio de Poder Judicial. En efecto, el proceder de todo agente judicial debe ser ejemplar. El respeto y la credibilidad por parte de la sociedad le imponen un estándar más elevado de corrección y honorabilidad”.