“Recuperamos fondos para transporte que hace 48 horas estaban perdidos”

El Gobierno provincial asistirá a las empresas de transporte público para cubrir el cese de los subsidios nacionales asignados al sector. De los $ 2.100 millones de ayuda económica, el Poder Ejecutivo tucumano aportará $ 1.500 millones para destrabar la crisis planteada por la cúpula de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat): sin subsidios, el boleto mínimo (actualmente en $ 15,50), debería superar los $ 40.

“A partir de enero Tucumán deja de percibir unos $ 2.100 millones anuales, aproximadamente, con lo cual hacía más accesible el boleto para cada uno de los tucumanos y tucumanas que usan el servicio. Con un gran esfuerzo del Gobierno provincial y, por supuesto, la colaboración de la Nación, vamos a poder recuperar esos recursos que hasta hace 48 horas estaban perdidos”, aseguró el vicegobernador, Osvaldo Jaldo en la Legislatura.

El titular de la Cámara adelantó que tratarán un proyecto de ley que creará un régimen para distribuir unos $ 1.500 millones entre las empresas que explotan las 70 líneas de colectivos de la provincia (14 urbanas y 56 interurbanas y rurales). La iniciativa será aprobada en la sesión del viernes. Jaldo explicó que, gracias a las gestiones del gobernador Juan Manzur ante los Ministerios de Interior y de Transporte, la Nación remitirá unos $ 700 millones, para garantizar los subsidios al transporte para 2019. La Provincia ya destina fondos a las empresas: por la ley de Emergencia del Transporte (9.102, sancionada en abril), el PE destina $ 20 millones mensuales por la crisis económica.

¿Esto significa que no aumentará el boleto antes de fin de año?, le consultó este diario a Jaldo. “No. Nosotros con esta ley lo único que estamos haciendo es sustituir los recursos nacionales”, respondió el vicegobernador. Y agregó: “en cuanto al incremento del boleto, es una facultad de la Municipalidad y de los concejales”.

Tres lustros de subsidios

En septiembre, y luego de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para solicitar un préstamo de 57.100 millones de dólares, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne anunció que, entre las pautas acordadas con el ente internacional, la Nación determinó la eliminación de los subsidios al transporte.

Para 2018, los fondos de ayuda económica significan $ 100.000 millones. Del total, $ 22.000 millones se distribuyen entre las empresas de colectivos de las 23 provincias del país. Los restantes $ 78.000 millones tienen como destino las empresas de transporte de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense (conformado por 41 intendencias), aunque incluye colectivos, tren y subte.

Los subsidios al transporte se implementaron durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde (2002-2003) para evitar el quiebre de las empresas de transporte y evitar que la tarifa se eleve sobre la capacidad de pago de los usuarios. Por el decreto 652/2002, se ratificó el “Convenio de Estabilidad de Suministro del Gasoil suscripto entre el Estado y las empresas productoras y refinadoras de hidrocarburos”. Uno de los aportes es el Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau). Los fondos surgen de un impuesto de un porcentaje sobre el litro de combustible vendido en las estaciones de servicio. El segundo ítem es Compensación Complementaria Provincial (CCP), que surge del Tesoro de la Nación. Los empresarios del interior históricamente reclamaron por la inequidad en el reparto de fondos: cada vez que una usuario paga un boleto de colectivos con la tarjeta SUBE en la ciudad de Buenos Aires, la Nación paga $ 14,41, contra $ 7,29 a cada viaje en las 14 líneas urbanas en San Miguel de Tucumán. Es decir, el doble de subsidios para la capital del país, aunque transportan un 35% más de pasajeros.

“Vemos con preocupación que los subsidios siguen vigentes en Capital Federal y Buenos Aires, a diferencia de las provincias, que tenemos que poner un porcentaje mayoritario (para cubrir ese aporte)”, reclamó Jaldo.