20 Noviembre 2018
Concejo Yerba Buena
La Justicia finalmente cerró el pleito político que se había iniciado en 2017 en el Concejo Deliberante de Yerba Buena, y le asestó un duro revés a la oposición municipal.
Esta vez, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó un recurso de amparo que habían presentado en diciembre del año pasado los ediles ligados al legislador radical Ariel García, vicepresidente segundo de la Cámara. Así, ratificó la validez de las decisiones adoptadas por el cuerpo vecinal en este último tiempo.
Los ediles Benjamín Zelaya, Francisco Maximiliano García, Lucas Avila Cerusico y Pedro Rafael Albornoz Piossek habían impulsado un amparo para que la Justicia dejara sin efecto la última sesión del año pasado, a fines de diciembre. En aquella ocasión, los concejales Héctor Aguirre y Walter Aráoz -del peronismo- y Javier Jantus, Marcelo Rojas y José Macome -afines al intendente de la ciudad, el radical Mariano Campero- se reunieron en el recinto y le tomaron juramento a l radical Rodolfo Aranda. Luego, habiendo constituido ese grupo de seis, votaron para que Aguirre fuera su nuevo presidente.
Los opositores se negaban a que el camperista Aranda entrara al Concejo y a convocar a elecciones para que escogieran a sus nuevas autoridades. Zelaya había ocupado la presidencia durante 2017, y el quinteto lo acusaba de intentar perpetuarse de manera fáctica. Como contrapartida, los opositores a Campero acudieron a la Justicia, con el argumento de que aquella sesión nunca podría haberse realizado porque no había el quórum necesario.
En su sentencia, el camarista Horacio Ricardo Castellanos cuestionó la reticencia de los opositores en tomarle juramento a Aranda. "La pregunta a esta altura luce ineludible. Ante la reticencia en concurrir al llamado de sesiones extraordinarias (en tres oportunidades) de algunos parlamentarios ¿luce irrazonable recurrir al trámite de una sesión preparatoria a los fines de examinar los títulos de Aranda y tomarle juramento? Estimo que no. La conducta de los actores tendiente a impedir u obstaculizar el examen del título de un miembro electo sin ninguna causa que justifique su accionar, contrariando además una expresa orden judicial, no puede ser convalidada judicialmente en un proceso judicial posterior. Nótese que los actores son concejales electos por el municipio de Yerba Buena y que, como tales, detentan una responsabilidad ineludible frente a la comunidad que los ha elegido, débito que se vincula de manera primera y fundamental con el deber de cumplir adecuadamente la función que una porción del electorado les ha encomendado. Ello incluye su obligación de concurrir a sesiones y desarrollar las faenas que les competen, para lo cual no debiera ser necesario instar a un pronunciamiento judicial que los conmine a tal fin", reprochó el magistrado.
Y concluyó: "en la hipótesis contraria a la razonabilidad, bastaría que los miembros del Concejo decidieran no dar quórum a las reuniones para impedir que un ciudadano elegido acceda a la función pública y tome parte en el órgano deliberativo municipal. Ello devendría en una actitud disvaliosa que ninguna convalidación puede procurar ni obtener de parte del Poder Judicial".
El fallo completo
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