Estallidos en la zona roja

El Estado ha desaparecido en vastos sectores ganados por la violencia en el Gran Tucumán. La trágica balacera del viernes ha vuelto a poner en el tapete a la Costanera, barrio que arrastra el estigma de zona roja en el borde Este de la Capital. Su ubicación es neurálgica en el acceso a la ciudad, ya que su área de nueve cuadras por tres se encuentra entre los dos puentes del río Salí por los que circulan miles de vehículos entre San Miguel y la Banda del Río Salí y Alderetes. Y la autopista conecta el norte y el sur de la Capital. Ahí está el barrio Costanera, con su promedio de cinco homicidios anuales; y su calle Yamandú Rodríguez, notoria casi siempre por hechos de violencia; y sus historias estremecedoras, sacudidas por el narcomenudeo, las adicciones y el abandono.

Acciones sin resultado

En la Costanera el Estado actúa. Desde hace un decenio hay un programa de mejoramiento barrial; la Municipalidad ha llevado pavimento y mejoras urbanas de plazas; se está construyendo el centro de ayuda para adictos (Cepla); hay una parroquia y dos escuelas. También comenzó a fines del año pasado un programa de seguridad de tipo comunitario, con policías que intentan vincularse con los vecinos. Pero nada se sabe de que este programa esté funcionando y las noticias siguen siendo críticas, como la de la furia vecinal de hace unos días contra un maestro acusado de abuso. Además, la Costanera está sindicada como barrio vinculado a los ataques de arrebatadores o de “pirañas” en la autopista, desde el sector cercano a Las Talitas, al norte, hasta el área cercana al Mercofrut, al sur. A lo que se suma que se suele pensar que a la Costanera van cargamentos de drogas para el narcomenudeo que salen de villa 9 de Julio.

Labor diaria

No están claras las circunstancias de lo sucedido el viernes en Circunvalación y Guatemala, que es precisamente la calle por la que el barrio se conecta con el parque 9 de Julio. Allí se encontraban, camuflados, el cabo de la Policía Federal Pablo Rebollo, quien finalmente murió anoche, y el agente Damián Galicchio. Según el informe de la PFA, hacían “tareas investigativas (filmaciones)” para el Departamento Sistemas contra el Narcotráfico. Es decir, trabajaban con cámaras para registrar el movimiento de gente y vehículos en un acceso al barrio. Una hipótesis es que los motochorros que los atacaron simplemente los vieron como dos civiles de una empresa de servicios que habían puesto conos en la ruta para trabajar y los atacaron. Otra hipótesis es que los agresores sabían que eran policías antidrogas. Uno de los motochorros era de la misma Costanera y el otro es del cercano barrio San Cayetano. Como sea, la tragedia estalló. Rebollo recibió un letal tiro en la boca y Gallicchio abatió al motociclista “Pato Lucas” Albarracín e hirió a Juan Manuel Peralta. La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, dijo que el baleado cabo “estaba cumpliendo su labor diaria de cuidar a cada uno de los tucumanos”.

Riesgo extendido

Es la ubicación estratégica de la Costanera lo que la hace inquietante; y la torna centro de las preocupaciones del Estado, que fracasa en sus estrategias de pacificación; y, como ha ocurrido con esta tragedia, la hace padecer la inseguridad. Pero otros lugares menos centrales que la Costanera han sido escenarios de violencia en los últimos días. El barrio Alejandro Heredia (altura Las Heras al 3.900) no es sector importante de paso, aunque sí es populoso y está en la zona roja. Allí fue asesinado el domingo pasado Jonathan Díaz (“fue una venganza”, reclamó su padre). También allí había muerto otro joven, Cristian Juárez, de una puñalada, el 9 de agosto.

Con un recorrido por los hechos de los últimos días se advierte que el riesgo se extiende por otros lugares de la periferia urbana: el viernes pasado se informó de las muertes de Matías Maldonado (vecino de Uruguay al 500) y de Carlos Ovejero, guardia de seguridad de Luque, en la ruta 302, Banda del Río Salí. Los ataques no han generado grandes manifestaciones de reclamo contra la inseguridad como las que han puesto bajo la mirada del país a Yerba Buena tras el asesinato del adolescente Valentín Villegas, ocurrido el 21 de octubre, pero muestran la extendida zona roja que es remarcada por los vecinos con cada tragedia.

Un doloroso reflejo de la desprotección se dio el martes 6 en Juan B. Justo y Francisco de Aguirre, donde el técnico de CCC Claudio Sánchez fue baleado en la cabeza por el policía federal Víctor Hugo Cuozzo (de civil) que, según se informó en el primer momento, lo había confundido con un ladrón. Sánchez llevaba un arma, aparentemente porque había sido víctima de inseguridad. Sánchez habría creído que el agente de civil era asaltante y el policía habría creído que el técnico estaba robando una moto. ¿Confusión o gatillo fácil, como dice el padre de Sánchez? El técnico está muerto.

Los vecinos viven enrejados. Una de ellas, Lucía, dice que es “la peor zona de Villa 9 de Julio” y que “muchos vecinos andan armados por la inseguridad”. Esto no es nuevo y es preocupante. Un breve repaso de las tragedias y sustos de este año mostrará historias como la del comerciante que se armaba en el Camino del Perú, la del pasajero que iba con un cuchillo a la parada del ómnibus en Villa Amalia, o la de los vecinos que alambraron una calle en Villa Urquiza.

Callado y ausente

Eso es la periferia. Lo que se ve de ella, donde las calles han sido ganadas por los transgresores, que han obligado a los vecinos a encerrarse, infructuosamente. En Yerba Buena apenas se ha generado un debate sobre la inseguridad, que se mantiene latente por la familia Villegas, aunque apenas ha tenido una respuesta oficial con el envío de 50 policías más a la “ciudad jardín”. Pero el gran debate, sobre qué hacer, está ausente. A caballo del reclamo de inseguridad, el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, sale a anunciar medidas y encuentros de los fiscales con la comunidad (como acaba de hacer en Monteros el fiscal Jorge Carrasco). Pero la Justicia -que tiene su responsabilidad con la gigantesca cantidad de casos sin resolver- no es la que va a dar pautas de prevención. Es el Poder Ejecutivo, con su Policía y sus organismos de ayuda social, el que está callado y ausente, sin saber qué hacer para pacificar este lugar.