17 Noviembre 2018
SANTIAGO. El gobernador Zamora ofreció $ 10.000 a los estatales.
En todo el país, hay ocho de las 24 jurisdicciones que han anunciado el otorgamiento de un bono, con montos que varían entre los $ 3.500 y los $ 10.000. En el otro extremo, 13 provincias han anunciado que no habrán de implementar la medida, mientras Ciudad y Provincia de Buenos Aires y Córdoba se encuentran en una posición expectante, según un informe del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral).
La mayoría de las provincias han aplicado una política salarial restrictiva en 2018 con el objeto de mejorar sus cuentas fiscales, en un año con elevada inflación. “En este contexto, puede ser adecuada la aprobación de un bono de fin de año, especialmente en provincias que no aplican cláusula gatillo por inflación y que con esta medida eviten renegociar salarios este año, siempre que las cuentas fiscales lo permitan”, se detalló.
En el relevamiento se detalla que las jurisdicciones que ya acordaron el otorgamiento de un bono por única vez son:
• Río Negro dará $ 3.500.
• Misiones y La Rioja, $ 4.000.
• Formosa y San Juan, $ 5.000.
• La Pampa y Tierra del Fuego, $ 6.000.
• San Luis, $ 9 .000.
• Santiago del Estero, $ 10.000.
En el otro extremo, 13 provincias ya han planteado su negativa al otorgamiento de un bono sobre los trabajadores estatales dependientes de estas jurisdicciones. De ese grupo, sólo cuatro distritos cuentan con una recomposición salarial mediante cláusula gatillo: Mendoza, San Juan, Santa Fe y Tucumán (se informa por separado).
En una posición expectante se encuentra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (196.000 funcionarios públicos), la provincia de Buenos Aires (más de 575.000 efectivos) y la provincia de Córdoba (aproximadamente 137.000 asalariados dependientes del gobierno provincial). En estas jurisdicciones la situación acabará dirimiéndose durante el último mes del año.
En la mayor parte de los casos, la incidencia del bono estaría levemente por debajo de 1 punto porcentual del gasto total de cada jurisdicción que se estima para 2018. En los casos de Santiago del Estero y la provincia de Buenos Aires, la incidencia resultaría mayor (1,3% y 1,1%, respectivamente).
¿AUH y jubilados?
La medida dispuesta por el Gobierno de la Nación sobre los trabajadores de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) consistiría en otorgar un bono de $5.000. “Hasta el momento, el pago extra por única vez no alcanzaría a un total de casi 7 millones de pasivos ni tampoco a beneficiarios de programas sociales y asistenciales, por ejemplo, por un total de 4 millones de beneficios por Asignación Universal por Hijo (AUH), sobre los cuales ya se había estipulado un adicional excepcional de $1.500 pesos en septiembre y otro de igual monto para diciembre”, se detalla en el informe del Ieral.
“Dado el carácter reconstructivo de los ingresos de los hogares que puede conllevar una medida de este tipo, es preciso brindar un carácter extensivo a esta estrategia, aunque con parámetros que conlleven justicia en la focalización de los grupos poblacionales que acabarían resultando beneficiados”, recomendó la institución que depende de la Fundación Mediterránea, de Córdoba.
El Ieral subrayó que, dado que la nueva regla de movilidad previsional cuenta con un rezago en la actualización de los haberes de 6 meses, se ha verificado en estos meses una fuerte caída de los haberes previsionales que será reconstruida recién durante 2019, si es que ocurre un escenario de menor inflación.
“Este contexto amerita la consideración de un bono en esta época del año, focalizado -por ejemplo- sobre los titulares de una jubilación o pensión contributiva equivalente al haber jubilatorio mínimo, situación en la que se encuentran 1,3 millones de pasivos (jubilados que cobran la mínima que no accedieron por moratoria)”, se recomendó.
Asimismo, la consideración de la situación particular de los casi 4 millones de niños y adolescentes por los que las familias perciben la AUH implicaría garantizar la extensión de la medida entre hogares conformados por jefes y cónyuges que se desempeñan en la informalidad laboral o en actividades ligadas al cuentrapropismo, inscriptos o no en el régimen de monotributo. En este caso, dado que sobre este conjunto ya se otorgó un adicional de $ 1.500 y se estará brindan otro aumento ya definido de $ 1.500 en diciembre, la medida podría equiparar la situación de los trabajadores formales elevando el monto en otros $ 2.000 adicionales, se estimó en el informe del Iaral.
“El costo fiscal adicional de estas dos alternativas equivale a unos $ 16.000 millones adicionales, los cuales, sumado al esfuerzo del Poder Ejecutivo Nacional por otorgar el bono sobre los trabajadores públicos del Estado Nacional, representaría un 0,5% del gasto del Sector Público Nacional no financiero previsto para 2018, o un 0,11% del PBI de este año”, se concluyó.
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