El Concejo gasta $ 10 millones al mes en 1.350 contratos para los concejales

La mora de la Intendencia en el envío de fondos para pagar los sueldos del personal de bloque político caldeó el clima en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán. Unos 1.350 empleados contratados por los concejales aún no percibieron sus haberes: cobran en bruto entre $ 2.500 y $ 24.000.

Según información oficial de la Municipalidad brindada a LA GACETA, el 66% del total de empleados políticos (900 de 1.350) cobra contratos de entre $ 2.500 y $ 6.900. Otros 66 contratados perciben haberes entre $ 7.000 y $ 9.000; y 384 tienen un sueldo que ronda entre $ 9.100 y $ 24.000.

El conflicto por los empleados de bloque se desató hace dos semanas, cuando los ediles advirtieron que no estaban los fondos disponibles para sus empleados. El Secretario de Hacienda municipal, Cristian Abel, había informado que no giraría las partidas hasta que el cuerpo avance con la creación de cuentas sueldo en un banco (para que los contratados tengan acceso a tarjetas de débito y crédito), como había solicitado en mayo la Unidad de Investigación Financiera del Poder Ejecutivo Nacional. Hasta ahora, cobran con un cheque a comienzos de mes.

Los 18 concejales cuentan con diferentes cantidades de contratos. Algunos tienen menos de 20 empleados, con sueldos de hasta $ 24.000, mientras otros tienen alrededor de 400 empleados políticos por la cifra mínima: $ 2.500. Los colaboradores cuentan, sin importar el monto del contrato, con aportes jubilatorios y están afiliados a la obra social estatal Instituto de Previsión y Seguridad Social De Tucumán (también conocido como Subsidio de Salud).

“No les enviamos el dinero, pero porque no están bancarizados. Por nota les solicitamos desde hace tiempo y no lo hacen. Todo el personal municipal está bancarizado. Yo no sé siquiera a dónde va ese dinero, tenemos que tener transparencia en los gastos, la gente espera actitudes y señales de la clase dirigente”, había criticado el intendente, Germán Alfaro, para justificar su decisión. Y había agregado: “tenemos un contrato firmado con el Banco del Tucumán que estamos incumpliendo. No puedo decirle al vecino que entre en una moratoria para que le demos la plata al Concejo en gastos políticos”.

Los concejales de Cambiemos apoyaron la solicitud de la Intendencia: “con estas medida daremos transparencia a los fondos de los vecinos. El manejo de estos fondos no es equitativo, porque los ocho concejales del bloque gastamos el 15% de estos fondos, cuando los 10 ediles de peronismo y del bussismo gestionan el 85% restante”, reclamó el radical Agustín Romano Norri (ver nota aparte).

Nota al banco

El presidente del Concejo, Armando Cortalezzi (PJ), envió ayer por la mañana dos notas para destrabar el conflicto de los empleados políticos. El titular del cuerpo remitió a las 10.30 un pedido al sub gerente general del Banco del Tucumán, Rodrigo Benites, para “retomar las conversaciones que mantuviéramos con la jefatura operativa y legal del banco meses atrás, con la idea de incorporar a las denominadas ‘cuentas sueldo’ al personal faltante que presta servicio para los concejales”. Desde la entidad crediticia respondieron a las dos horas para notificar cuál es la información que debe acreditarse para proceder con los trámites bancarios.

En el segundo expediente de la mañana, Cortalezzi reiteró su pedido a la Intendencia para que remitan cuanto antes los casi $ 10 millones para el pago del personal político. “Me dirijo al intendente con el objeto de solicitar que tenga a bien disponer (...) la remisión por las vías legales y formas correspondientes de los recursos dinerarios necesarios para completar las remesas correspondientes a los pagos presupuestados para el periodo de octubre de 2018”, solicitó el presidente del bloque. Reiteró que los contratados sí se encuentran bancarizados mediante el pago de cheques, pero que de igual modo ya inició las gestiones para la creación de las cajas de ahorro para los empleados.

El ex titular de la Caja Popular de Ahorros insistió en que, de continuar la mora, acudiría a la Justicia: “reservamos las acciones de tipo penal que pudieran corresponder por entender que las medidas adoptadas por el secretario de Hacienda, al disponer la no remisión de fondos presupuestados, podría constituir o tipificar algunos de los delitos previstos en el Código Penal. A saber, incumplimiento de los deberes d funcionario publico o retención indebida, entre otros”.