15 Noviembre 2018
CUANDO HABÍA BUEN DIÁLOGO. En una sesión de septiembre, Mizrahi (sentado) habla con Romano Norri y Loza. la gaceta / foto de Analía Jaramillo (archivo)
Tras la disputa por la mesa de conducción del Concejo Deliberante de la Capital, los ediles del Partido Justicialista (PJ) y de Cambiemos comenzaron una pelea en torno a las finanzas del cuerpo vecinal, que tiene un presupuesto de $ 335 millones para este año.
El bloque Tucumán Crece, que responde a la fórmula Juan Manzur y Osvaldo Jaldo y al senador José Alperovich, firmó un proyecto para interpelar a Cristian Abel, secretario de Hacienda del intendente Germán Enrique Alfaro (PJS-Cambiemos). Según fuentes de ese espacio, la intención es convocar a una sesión extraordinaria para mañana, tratar de sumar los votos de los ediles de Fuerza Republicana (FR), Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra, y ratificar la convocatoria al recinto del funcionario municipal. En el PJ estiman que la interpelación a Abel tendría lugar en otra audiencia, que podría celebrarse el viernes 23. Mientras tanto, el presidente del Concejo, el manzurista Armando Cortalezzi, anunció que están preparando una denuncia penal contra el secretario de Hacienda por la supuesta retención de fondos del cuerpo.
El interbloque Cambiemos también puso la mira sobre los recursos que maneja el PJ. A través de una nota enviada al prosecretario administrativo del Concejo, José Ángel Franco, los ediles alineados al intendente Alfaro solicitaron la bancarización del pago de haberes de los empleados que prestan servicios allí. Citando un planteo oficial adjudicado al Banco del Tucumán, los concejales José Francisco Argañaraz, Rodolfo Ávila, Roberto Ávila, Javier Aybar, Sandra Manzone, Roque Mendía, Raúl Pellegrini y Agustín Romano Norri reclamaron esas medidas “antilavado”, y advirtieron que son exigencias del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Dos posturas
El martes, en una tensa sesión, el bloque del PJ dio por válida la votación de la mesa de autoridades integrada por el presidente Cortalezzi (fue reelecto), el vicepresidente 1°, el alperovichista Dante Loza (reemplazó al peronista José María Franco) y la vicepresidenta 2°, María Belén Cruzado Sánchez (la manzurista también fue ratificada). El interbloque Cambiemos desconoce esa definición, alegando que no había quórum en el recinto al momento de la resolución, y tiene en sus planes judicializar la composición de la mesa. Esta disputa se trasladó ahora a los recursos que manejan unos y otros.
Ayer, en los estudios de LG Play, en el noticiero matutino “Buen Día”, Cortalezzi aseguró que debido al “ajuste” que aplicó Alfaro sobre el Presupuesto del Concejo no se les pudo otorgar incrementos salariales a empleados que, en algunos casos, perciben entre $ 4.000 y $ 5.000. “Y ahora dice: no les mando recursos porque se me ocurre no hacerlo. Esto a una semana de la elección (de la mesa de conducción). Es un claro signo de autoritarismo”, reclamó el titular del cuerpo. Consignó que unos 1.300 trabajadores están siendo afectados por ese recorte. Y negó que no estén bancarizados. “No sé si el intendente no tiene la capacidad para entender o a veces está dormido cuando camina, pero cada persona que cobra en el Concejo lo hace mediante cheque, y ahí figura el nombre de quien lo percibe, que además tiene obra social; o sea que sí están bancarizados”, indicó Cortalezzi. E insistió: “el Concejo Deliberante no da un centavo en mano”.
Por su parte, los ocho ediles de Cambiemos solicitaron al prosecretario Franco que sus empleados sean incorporados al sistema financiero formal. Citando un escrito del Banco del Tucumán (expediente 50.034/18), consignaron que “viene incrementándose progresivamente la cantidad de agentes municipales (Ejecutivo Municipal como Concejo Deliberante) que perciben sus haberes mediante la modalidad de pago de cheque por ventanilla”, lo que implica un “claro incumplimiento” a las disposiciones sobre las normativas de prevención de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo y de otras actividades ilícitas”. El objetivo, apuntaron desde el alfarismo, es poner la lupa sobre los 1.300 contratos.
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