Luego de varios días de negociaciones con gremios y entidades de representación empresaria, y tal como lo adelantó a LA GACETA la semana pasada, el ministro de Producción y Trabajo Dante Sica, el presidente Mauricio Macri firmó ayer el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el cual los trabajadores del sector privado cobrarán un bono de fin del año de $ 5.000, en dos cuotas, cuyo pago será obligatorio para los empleadores, y hoy estará publicado en el Boletín Oficial.
Si bien el espíritu del decreto ya se conoce, trascendieron algunos detalles puntuales de la norma para obligar a los privados a que paguen un bono especial para compensar la pérdida de los salarios de los últimos meses, junto con el agregado de una serie de trabas para frenar los despidos. Esta última decisión fue negociada por la CGT y las distintas cámaras empresarias, como resultado de las afligentes cifras de desempleo de las últimas mediciones.
El bono deberá abonarse en dos cuotas de $ 2.500 cada una, que se pagarán con los salarios de noviembre y de enero, es decir, durante los primeros días de diciembre y de febrero.
Flexibilidad
Se conoció que el DNU habilita la posibilidad de flexibilizar los plazos y montos, según sea la situación en que se encuentre cada firma. A su vez, permite descontar esta asignación de las revisiones salariales acordadas en los convenios colectivos de trabajo, “salvo que acuerden expresamente su no absorción”.
Según consideró la publicación de LaPolíticaOnline, “se trata de dos guiños claramente dirigidos al sector empresario, que había criticado duramente las medidas, tildándolas de “decretos kirchneristas”.
Esas compañías argumentaban no poder hacer frente a este nuevo incremento de sus gastos debido a la delicada situación que atraviesan con una gran caída de sus ventas y un nivel de tasas de interés que impide la refinanciación de sus pasivos.
Y agrega el sitio que, paralelamente, la iniciativa había sido duramente castigada por Pablo Moyano, quien aseguró que “la CGT le volvió a fallar a los trabajadores y le sigue dando al Gobierno la chance de tapar lo que viven millones de argentinos”.
En tanto, se mantiene inconclusa una discusión respecto de que si es constitucional o no que “un decreto imponga la obligatoriedad de un gasto que tienen que realizar los privados”, pero se salvaría con una redacción más laxa, o “menos comprometida”, como hizo trascender una fuente oficial al sitio Infobae.
Sector público
Mientras se realizaban estas negociaciones, y todo parecía indicar que el Gobierno nacional iba a mantenerse intransigente ante el reclamo de los gremios estatales para reabrir las paritarias, decidió ceder y otorgó una compensación paritaria para los empleados públicos del 10%, además de un bono de fin de año similar al que recibirán los trabajadores del sector privado.
Con esta medida, el Gobierno contuvo el reclamo de UPCN, uno de los gremios con más afiliados en el sector público, pero no logró conformar al siempre combativo ATE, que analiza realizar una medida de fuerza “antes de fin de año”, según adelantó a Clarín su jefe, Hugo “Cachorro” Godoy.
La medida fue oficializada al cabo de la reunión que mantuvieron el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, y el secretario de Trabajo, Jorge Triaca; con el jefe de UPCN, Andrés Rodríguez, en el edificio de la Secretaría de Modernización.
Aunque se barajó la posibilidad de que fuera de $ 6.000 para los trabajadores de menores ingresos, finalmente el bono será de $ 5.000, se legalizará también con otro DNU, y beneficiará al personal de Presidencia, Ministerios y organismos descentralizados.
En cambio, no incluye a los estatales provinciales y municipales, del Poder Judicial y del Congreso, ni tampoco de organismos como el Pami, el Incaa, la Anses, y de entes y empresas públicas, que tendrán una negociación aparte.
Ocurre los mismo con el personal de las Fuerzas de Seguridad, aunque fuentes cercanas a Patricia Bullrich ya confirmaron que la ministra decidió otorgar el mismo plus para los efectivos.
En tanto, gremios de estatales provinciales y nacionales reclaman ahora por un bono especial también para los jubilados y pensionados, que no cuentan con una representación para negociar paritarias con el Gobierno.