En el siglo XIX, los médicos atendían gratis a los enfermos de escasos recursos. Pero a los de otra condición, obviamente, les cobraban honorarios, y eran capaces de acudir a los Tribunales para reclamar el pago, en caso de reticencia o negativa. Merece narrarse una colorida situación que ocurrió al respecto, en San Miguel de Tucumán.
Quiroga enfermo
Iba terminando el año 1834. Época de Juan Manuel de Rosas, gobernaba la provincia el general Alejandro Heredia, quien estaba enfrentado con las autoridades de Salta. El conflicto preocupa a Buenos Aires y el gobierno resuelve enviar como mediador al general Juan Facundo Quiroga. Este parte a fines de diciembre, rumbo a Tucumán. Pero debe detenerse en Santiago del Estero, porque cae enfermo. Como se sabe, no llegará a nuestra provincia: regresará semanas después a Buenos Aires, y será emboscado y asesinado en Barranca Yaco, el 16 de febrero de 1835. También terminará acuchillado el general Heredia en Lules, el 12 de noviembre de 1838.
Un año después del crimen, en diciembre de 1839, se presentó al gobernador de Tucumán, don Bernabé Piedrabuena, el doctor Francisco Martínez Doblas, “profesor de Medicina y Cirugía”, residente en Tucumán. Expresaba que cuatro años antes, el 5 de enero de 1835, “a las tres horas de la mañana”, el entonces gobernador Heredia recibió, de Santiago del Estero, informes sobre la enfermedad de Quiroga. Ante esto, Heredia requirió a Martínez Doblas que lo acompañase a esa provincia, para asistir al doliente.
Honorarios impagos
El médico le respondió –narraba- que no podía, ya que muchos enfermos estaban a su cuidado en Tucumán. Pero el gobernador le dijo que “era preciso que marchase con él, pues sería bien pagado de mi viaje y asistencia, ordenándome que llevara todos los medicamentos que fuesen concurrentes al restablecimiento de la salud del general Quiroga”.
Partieron a Santiago y, expresaba Martínez Doblas, “a costa de mi esmerada asistencia, en treinta y cinco días de enfermedad, conseguí ponerlo convaleciente y en estado de regresar a Buenos Aires”. Volvieron a Tucumán el médico y Heredia, el 12 de febrero. Añadía que “cuando esperaba que cumpliendo su palabra como caballero me pagara mi honorario, se desentendió de tal obligación, abusando del poder que le daba su misma posición”.
Por eso reclamaba el pago y pedía que se oficiase al gobernador de Santiago, Felipe Ibarra, y al ex ministro de Heredia, doctor Juan Bautista Paz, para que testimoniaran sobre los hechos. El gobernador envió los oficios.
1.190 pesos
El 26 de enero, contestaba Ibarra por medio de su ministro, Adeodato de Gondra. Con cierto fastidio, certificaba la enfermedad de Quiroga y la llegada de Heredia a Santiago, “trayendo en su compañía al doctor Martínez Doblas, sin que de aquí se le hubiera pedido trajese al predicho facultativo”. Admitía que el médico proporcionó a Quiroga “los recursos de su arte durante su permanencia en ésta, con medicinas propias”.
Días más tarde, Martínez Doblas se presentaba a Nicasio Cainzo, juez de Primera Nominación. Reiteraba lo expuesto a Piedrabuena y fijaba sus honorarios en 1.190 pesos, o sea 70 onzas de oro. Pedía que la testamentaría de Heredia se los pagara “dentro del tercero día”.
Dos semanas más tarde, el ex ministro Paz elevaba un minucioso testimonio. Decía que él, Paz, había aconsejado a Heredia que llevara a Santiago a Martínez Doblas, y que éste “manifestó un singular deseo de ocuparse en servicio del general Quiroga”. En consecuencia, “no hubo convenio, concierto ni ajustamiento de honorarios y, sobre la esperanza de que el enfermo era hombre rico y generoso, que podría recompensar sus servicios, se formó el viaje”.
Del ex ministro
Además, Heredia entregó al médico “una onza de oro para que comprase medicamentos, y el resto se pagó, si no me engaño, de las Cajas, al señor Hermenegildo Rodríguez, boticario”. Agregaba que Martínez Doblas “fue conducido en la galera sin gastar un solo medio en mantención ni cosa alguna y, después de un mes de parada allí, volvió con el señor general”.
Añadía Paz que, tras el asesinato de Quiroga, Martínez Doblas pidió a Heredia un certificado de su asistencia y una recomendación para la viuda del asesinado, residente en Buenos Aires, a fin de reclamarle sus honorarios. Comentaba que la señora de Quiroga halló muy elevado el monto y dijo a Martínez Doblas que “lo moderase”. Cuando se enteró de esto Heredia, “se exaltó demasiado al ver el exceso” y dijo que ese médico “en cuatro años no era capaz de ganar 2.000 pesos en estos pueblos pobres”.
La viuda de Heredia
Otra presentación llegó ante el juez Cainzo. El doctor José Fabián Ledesma, representando a la viuda de Heredia y sus hijos, planteó que la sucesión no estaba obligada al pago, ya que el difunto gobernador no firmó convenio alguno. Afirmaba que la obligación competía a la viuda de Quiroga. Hacía notar que por eso el médico había intentado cobrársela pero, al fracasar esa gestión, ahora quería que se hicieran cargo de la deuda los sucesores de Heredia.
Eso era, decía Ledesma, “impugnar sus propios compromisos, volver contra sus hechos y destruir sus ofertas”. La acción de cobro de honorarios médicos, decía, era “personalísima en su origen y en sus resultados”, y “debe dirigirse por derecho contra la persona del paciente”, en este caso la viuda y sucesores de Quiroga.
En abril, el juez Cainzo falló declarando responsable de los honorarios a la testamentaría de Heredia. Pero, “siendo excesivo” el monto reclamado, pasó el asunto a consulta del “profesor de Medicina”, doctor Faustino Salvato, para que “regule a continuación y según la práctica establecida a este respecto, el honorario”.
Una apelación
El doctor Ledesma consideró la sentencia” perjudicial y agravante” para los Heredia y apeló de la misma ante el juez de Alzadas, Pedro Gregorio Cobo. Pero a la vez, recusó a Cobo porque, dijo, “defiende a la mayor parte de los acreedores de Heredia”. Pidió que pasaran las actuaciones al juez suplente.
En esa época y por la escasez de abogados, los jueces también ejercían la profesión. Notificado Martínez Doblas de la recusación, pidió que se la rechazara. Un juez de Alzada, según ley de la provincia, “no puede ser recusado sin causa justa y legal”, afirmaba. Alegar que Cobo defendía a algunos acreedores de Heredia, era cosa “frívola y absurda”. Se trataba de cuestiones distintas, y no podía considerarse al juez como “enemigo” porque representase a otros acreedores.
Razonaba que “si los abogados han de considerarse enemistados con aquellos contra quienes defienden pleitos, en una sociedad pequeña como la nuestra, antes de mucho no encontrarían un solo hombre a quien no debiesen considerar como enemigo, y en cuyos asuntos no estuviesen inhabilitados para conocer como jueces”.
El arreglo
Cobo denegó la recusación. Pero pasaron unas semanas y el 6 de junio, doña Juana Cornejo de Heredia, arregló el problema con Martínez Doblas. Le pagaría 800 pesos, por la atención de Quiroga, y la que había prestado a ella y a sus hijos tras la muerte de su marido gobernador. El médico, a su vez, donaba los 390 pesos que completaban su reclamo, a favor de los menores Heredia. Aclaraban los firmantes que “la transacción ha sido celebrada libre y espontáneamente, sin coacción ni violencia”.
Así, el 10 de junio de 1839, el juez de Alzadas, Pedro Gregorio Cobo, procedía a aprobar el arreglo, con lo que quedó terminada la espinosa cuestión. En cuanto al médico, poco tiempo después se alejó de Tucumán.
Todo un personaje
Español de noble familia, Martínez Doblas era un profesional muy distinguido y condecorado. Desde 1818 sirvió a las fuerzas realistas en el Perú, y prestó destacados servicios médicos en batallas como Torata, Moquehua, Junín y Ayacucho. Luego pasó a Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Salta, donde se casó con Juana Álvarez de Arenales, hija del famoso general de ese apellido. En 1840 se trasladó a Bolivia. Luego volvió un tiempo a España y, al regresar, enfermó gravemente en Cuba. Allí falleció en 1860, a los 72 años.