Dinero manchado con oro

Saber cómo ha sido la infección del dinero manchado por el oro de la minería es uno de los temas que vienen en la Universidad Nacional de Tucumán. El pedido de elevación a juicio de la causa por el uso de los fondos de regalías de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) contra el ex rector Juan Cerisola y tres de sus ex funcionarios abre expectativas sobre lo que se puede considerar una de las causas por presunta corrupción más relevantes en la provincia. Se trata del manejo de $ 353 millones de pesos llegados a la UNT entre 2006 y 2009. La acusación es por pagos de sobreprecios, por adjudicación discrecional de fondos a empresas, por irregularidades en la colocación de plazos fijos y por la disminución arbitraria del porcentaje de utilidades de YMAD (bajó del 40% al 20%), además de que la UNT nunca controló cuánto dinero debía recibir de la empresa minera de la que es copropietaria, según la investigación del fiscal federal I, Carlos Brito.

La noticia de hoy es que el fiscal ya dio por concluida su investigación. Esta ya pasó por el juez federal II, Fernando Poviña, quien procesó en 2016 a los acusados. Luego la causa fue a la Cámara de Apelaciones, que la devolvió en diciembre pasado. En los últimos meses hubo ampliaciones de indagatorias. Aún podría haber planteos de las defensas y quizá el año que viene el tribunal oral federal tenga fecha de juicio. La causa ya lleva 9 años, promedio “normal” en la justicia federal, acostumbrada a que los casos demoren 15 años, según un informe de “La Nación”. Lo relevante hoy es la expectativa de que los acusados realmente lleguen a juicio. Según un relevamiento de LA GACETA y Chequeado publicado en mayo, sobre 219 denuncias por corrupción en Tucumán en 13 años, sólo una tuvo condena firme, y es menor: la sentencia contra los policías de Raco por encubrimiento agravado y adulteración de acta en el hallazgo del cuerpo de Paulina Lebbos. Ellos fueron notorios “perejiles”. En cambio, el juicio contra Cerisola sería emblemático.

La investigación del fiscal, que se hizo con apoyo de organismos nacionales como la Procelac, la Sigen y la Gendarmería, abrió varias inquietudes que trascienden la causa y se extienden al funcionamiento entero de la Universidad. Una es la facilidad con que un funcionario puede eludir los controles para lograr determinados beneficios. Las peleas que se desataron en el Consejo Superior desde que se hizo la denuncia en 2010 mostraron las dificultades para seguir el uso del dinero. Entonces se hizo una comisión investigadora que el mismo Cerisola desactivó cuando asumió su segundo mandato, ese mismo año. Después el revuelo en el Consejo Superior se generalizó en 2014, cuando el ex delegado en YMAD Florencio Aceñolaza dio a conocer que a causa del acta firmada por el ex rector en 2008 la UNT había perdido $ 500 millones en regalías. El acta fue anulada por el Consejo Superior dos años después y ahora su derogación está planteada ante la Justicia. También, según se vio en la causa, se han generado peleas entre los funcionarios, no sólo entre Cerisola y los otros imputados -los ex funcionarios aluden “obediencia debida”- sino con otros empleados jerárquicos que deslindaron responsabilidades ante la Justicia. Ahí está bajo la lupa el control del sistema financiero y del manejo de la plata en el complejo sistema universitario.

En ese punto, la decisión de 2017 de la Cámara federal de Apelaciones va a generar un cimbronazo, porque ordena que se investigue el patrimonio de los funcionarios -no sólo de los acusados en esta causa, sino de los que tienen responsabilidades de control desde hace muchos años- y que se verifique la forma en que se manejaron las finanzas. La ayuda de la Sigen, la Procelac y la Gendarmería fue en este caso sustancial, porque permitió reconstruir cómo se habían hecho los plazos fijos y comparar, por ejemplo, los valores de obras pagados y los valores en plaza de esas mismas obras. Quedaron en evidencia las unidades de control administrativo de la UNT: estaban bajo la férula rectoral. Esto hace pensar dos cosas: 1) la investigación que surja, en una nueva causa judicial, acaso pedirá informe a esos organismos y a otros más y profundizará la ruta del dinero de YMAD. Eso es lo que pidió el fiscal general Antonio Gómez, que planteó que se investigara una asociación ilícita. 2) Habrá otras causas que se abrirán porque el sistema de controles de la UNT no ha cambiado. Desde que se inició el escándalo por los fondos de YMAD ya hubo novedades que generan tanta inquietud como las denuncias que llevaron a esta causa. Por citar dos, la reciente información, asordinada en el Consejo Superior, de que habría desaparecido dinero de los fondos de 2015 en YMAD, pese a que ya está aprobado el balance; y el hecho de que, a raíz de que seguirá la explotación minera por nueve años más, se cambió el contrato entre YMAD y Minera Alumbrera sin que se haya dado participación, al parecer, al Consejo Superior. La decana de Derecho, Adela Seguí, dijo que el nuevo convenio cambia el manejo de los bienes de YMAD, lo cual no puede hacerse sin autorixación del Consejo Superior.

También está bajo la mira de la Justicia el reparto de las utilidades. Antes o después YMAD tendrá que dar explicaciones acerca de cómo se entregó -y cómo se entregará- el dinero de las regalías y cómo pudo ser que se haya repartido menos dinero de lo que correspondía, de acuerdo a la investigación fiscal. Además del hecho de que la derogación del acta de 2008 llevará en algún momento a reflotar el derecho a recibir el 40% de las utilidades para completar la Ciudad Universitaria. Por ahora el tema está planteado ante la justicia, así que ninguno de los involucrados tiene apuro.

También está bajo la lupa el sistema entramado de las autoridades universitarias, que en los últimos 15 años han venido cambiándose de modo que no les generase inconvenientes ni sustos judiciales: Cerisola dejó la posta a su ex vicerrectora, Alicia Bardón, que lo nombró delegado en YMAD -precisamente- pese a que la denuncia en contra del primero ya generaba escozor; Bardón, que en el caso de las irregularidades de YMAD recibió una pesada carga y acaso cuestionamientos por demorar los planteos, dejó el cargo a su ex vicerrector, José García. Es decir, el oficialismo ha ido sucediéndose, lo cual permite entender que en la Universidad las investigaciones administrativas sigan con la velocidad de tortuga, acaso más lenta, si cabe, que la Justicia federal. Si se llega a cumplir la orden de la Cámara de Apelaciones, todo ese entramado burocrático temblará.