Las opiniones quedaron divididas a partir de los proyectos que apuntan a prevenir los abortos, inclusive en casos de abuso sexual, a través de un “programa de contención a la mujer embarazada y de protección de los derechos del niño por nacer”.
Más allá de los disensos, las propuestas tienen consenso en la Legislatura. La iniciativa más reciente, impulsada por el peronista Marcelo Caponio, sumó un total de 29 rúbricas. Un texto con idéntico espíritu, más allá de algunas variables, fue elevado en 2017 por el radical Raúl Albarracín, y cosechó en definitiva siete firmas. Si bien algunos de los adherentes se repiten, de los 49 legisladores que integran la Cámara, 31 se mostraron a favor de darle fuerza de ley al sistema que, según coinciden los autores, apunta a implementar medidas para “salvar las dos vidas”. De esa forma, el 63% del cuerpo colegiado aprobaría a priori estos programas, si llegan al recinto.
Fuera de la Cámara
Fuera de la Legislatura las opiniones se hicieron escuchar, a favor y en contra de las iniciativas.
“La maternidad vulnerable debe ser atendida de manera urgente”, planteó Florencia Nucci, coordinadora del Observatorio de la Vida Tucumán, que colaboró con la propuesta de Albarracín. Recordó la discusión que se produjo este año en el Congreso de la Nación, donde el proyecto de legalización de la interrupción del embarazo (IVE) obtuvo media sanción en Diputados pero quedó trunco en el Senado. “El puso en el centro la problemática de la maternidad vulnerable y la necesidad de diseñar y proponer respuestas integrales que busquen atacar las causas reales que producen las muertes maternas. Argentina dijo no al aborto legal, porque consideró que esa medida equivalía a reconocer el fracaso de las políticas públicas para la maternidad vulnerable. Estamos convencidos de que el Estado puede y debe dar respuestas a la madre en situación de vulnerabilidad”, aseveró Nucci.
En sentido contrario se manifestaron diversas organizaciones, que coincidieron con la postura en rechazo a la propuesta legislativa. “Crear barreras para el acceso a la interrupción legal del embarazo por las causales habilitadas desde 1921 por el ordenamiento penal”, inidicaron Mujeres x Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir, Amnistía Internacional, CELS, ELA, Redaas, Cedes y Espacio Intercátedra de la Facultad de Derecho (UNT). A la vez, destacaron que la Provincia no tiene facultades para avanzar con normativas que vayan más allá de las disposiciones nacionales. “No pueden agregarse requisitos médico burocráticos para el acceso a esas prestaciones sanitarias. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo ‘FAL’, ya ha condenado este tipo de exigencias, calificándolas en 2012 como ‘violencia institucional’. La violación del secreto profesional que se alienta en el proyecto, en el artículo 21, compone un delito que se contrapone con el orden legal de la confidencialidad, propia de toda relación sanitaria”, agregaron.
La posibilidad de que esta propuesta llegue al recinto generó expectativas en ambos sentidos. De hecho, tanto los movimientos que se definen como “provida” como los colectivos que piden la legalización del aborto suelen efectuar manifestaciones en la vía pública periódicamente.
Garantía
El Código Penal Argentino contempla la posibilidad del aborto en caso de abuso sexual. Pero, según la postura de los legisladores que firmaron el proyecto, el derecho a la vida del niño por nacer está garantizado por la Carta Magna Provincial y los tratados internacionales con rango constitucional. Por eso, coinciden las propuestas de Caponio y de Albarracín, se deben buscar mecanismos que ofrecer una alternativa concreta a la mujer embarazada en estado vulnerable, antes que recurrir a la interrupción de la gestación.
En agosto pasado, a la Legislatura declaró a Tucumán como provincia “provida”, en una votación que terminó con votos positivos de 39 de los 43 legisladores presentes. Según Caponio, la iniciativa que aportó está en ese sentido. En los fundamentos, se detalla que está inspirado en un precedente legislativo de Valencia, España, que fue sancionado en 2009 y derogado en 2017.
“Es necesario compatibilizar y armonizar los derechos de la mujer embarazada, y en especial los de la mujer víctima de delitos contra la integridad sexual, con el derecho humano a la vida del niño por nacer, y su garantía de igualdad y no discriminación”, argumentó el peronista.
En esa iniciativa, se consigna expresamente la postura respecto de los casos de abuso. “Queda absolutamente prohibida la discriminación al niño por nacer gestado por causa de violación”, reza el artículo 4°. Y advierte que “en el ámbito de la provincia, no se reconoce la categoría discriminatoria de ‘niños deseados’ y ‘niños no deseados’, por ser contraria a la garantía constitucional de igualdad, y a los Tratados de Derechos Humanos incorporados a la Constitución Nacional”.
“El Estado debe armonizar los derechos de la mujer embarazada con los derechos del niño por nacer, procurando buscar alternativas al aborto”, resumió Caponio.
Declaraciones: dos legisladores oficialistas se expresaron en contra del proyecto
Dos legisladores del oficialismo expresaron su rechazo al proyecto que apunta a evitar los abortos, incluso en casos de abuso sexual. Según Guillermo Gassenbauer, quienes respaldan la iniciativa “no tienen el mínimo respeto por una mujer que atraviesa una situación tan aberrante como el ataque sexual”. Silvia Rojkés, en tanto, aseveró que pretender ir en contra de la interrupción legal de un embarazo por violación, habilitada desde 1921 por el Código Penal de la Nación, “implica avalar la violencia contra las mujeres desde las instituciones del Estado. Expreso mi rechazo a este proyecto de Ley”.
Coincidencia: el radical Albarracín apoyó al peronista Caponio por la iniciativa por las dos vidas
El legislador radical Raúl Albarracín se mostró expectante por el proyecto que presentó el peronista Marcelo Caponio. Según expresó, la iniciativa comparte el espíritu de un texto que aportó el año pasado. “Es un trabajo que suma, y en algunos puntos es incluso superador”, destacó. Remarcó que se deben buscar alternativas a la interrupción del embarazo, y recordó su idea de que el Estado provincial promueva las adopciones, incluso con subsidios y otras acciones. “Es posible salvar las dos vidas. La Legislatura se expresó ya en ese sentido en agosto, cuando se declaró provida a la Provincia por amplia mayoría”.