¿No más filas? A un mes de la ley de tiempo de espera, se labraron siete actas

Los infractores fueron, en su mayoría, entidades bancarias.

NO MÁS FILAS. Cómo se está cumpliendo la ley. LA GACETA/ ARCHIVO

08 Noviembre 2018

A un mes de que entrara en vigencia la ley provincial de “Tiempo de Espera para la atención al público” (Ley 8.895), la Dirección de Comercio Interior (DCI) labró ya siete actas de infracción, la mayoría de ellas a entidades bancarias. El titular de la DCI, Francisco Nader, explicó que en este tiempo realizaron alrededor de 50 actuaciones de oficios en toda la provincia, siete de los cuales resultaron positivos. “En algunos casos (los infractores) ya han hecho el descargo y se debe resolver cuál es la multa que le corresponde aplicar; como son infracciones formales, va a sanción seguro. No hay muchos argumentos de defensa que puedan esgrimir”, aseguró.

Nader, que remarcó que en los primeros 30 días no recibieron ningún tipo de denuncia por parte de los clientes, detalló que las multas dependen de cuánto sea el tiempo que se hayan excedido y de la envergadura a la cual se sanciones. “El mínimo son 500 pesos y el máximo 5 millones, pero es amplísimo el rango. No es lo mismo si se excede por unos minutos o no. Es discrecional, caso por caso”, dijo.

Qué dice la norma

Según la ley, una persona no debería aguardar más de 30 minutos si es que la espera se hace de pie, y hasta 90 en caso de que haya asientos, números y sanitarios disponibles. También se considera trato indigno toda práctica de atención al público que implique permanecer en filas a la intemperie, en el exterior de instituciones o locales comerciales..

Con pruebas concretas y contundentes que demuestren ese trato indigno, el usuario o consumidor puede dirigirse hasta la sede de la DCI (9 de Julio 497) o efectuar la denuncia al teléfono de la institución: 452-5080.

Los establecimientos están obligados a colocar un cartel que detalle los derechos y cómo y dónde se deben realizar las denuncias en caso de que se incumpliera la ley. La norma, que había sido impulsada por el legislador radical Fernando Valdez, fue sancionada en 2015 y promulgada en 2016. Sin embargo, fue reglamentada recién el mes pasado.