Dijo que en principio iba a dictaminar con el oficialismo a favor de que la Legislatura dé acuerdo a la designación de Walter Ojeda Ávila, pero que, por la falta de elementos, decidió no firmar ningún dictamen y que, en función de los acontecimientos, se inclina por votar en contra del candidato a juez elegido por el gobernador Juan Manzur. Silvio Bellomío (Peronismo del Bicentenario), legislador identificado con el funcionario nacional Domingo Amaya, afirmó que el oficialismo impide el análisis riguroso de los asuntos propuestos. “Así no es posible controlar las designaciones ni ningún otro tema”, expresó Bellomío a LA GACETA.
El legislador comentó que viene pidiendo la modificación del reglamento de la Legislatura para que, como mínimo, sea posible recibir los antecedentes y la información relativa a los proyectos y a los pliegos 48 horas antes de la reunión de la comisión que ha de emitir el dictamen. “El oficialismo obviamente tiene mayoría y quorum propios. Pero hay cuestiones sensibles, que merecen estudio... Siempre pido cuartos intermedios o la posibilidad de aclarar algunos aspectos. En este caso en particular hablé con la presidenta de la comisión de Peticiones y Acuerdos (la oficialista Sandra Mendoza) porque entendía que el postulante (Ojeda Ávila) debía referirse en forma escrita sobre su currículum, pero no recibí la aclaración. No dictaminé porque no tenía los elementos para hacerlo”, insistió.
-¿Esa alternativa está prevista en el reglamento?
-En cierta forma. Podría ocurrir que, por la falta de dictamen, sea objetado el voto en el recinto, pero hasta aquí no ha sucedido.
-A la vista de lo que ha pasado con Ojeda Ávila, ¿tiene usted fundamentos para definir su voto?
-Sí, obviamente que sí. Lo hablaré con mi compañero de bloque (Cristian Rodríguez), pero mi intención es no dar acuerdo a esto. No adhiero al dictamen de minoría (de Alberto Colombres Garmendia -PRO-) porque estoy en desacuerdo con algunos términos. El artículo 16 de la Constitución Nacional prevé la idoneidad y ello no está vinculado a cómo alguien llegó a recibirse en la universidad sino a cómo desarrolló su profesión.
-¿Por ello el mes pasado usted dictaminó y votó a favor de Washington Navarro Dávila, que tiene 31 aplazos en su carrera?
-Sí. Uno puede tener la tentación de hacer política para sí mismo, pero la designación de Navarro Dávila fue una decisión del gobernador (Juan Manzur) de carácter institucional. Y yo intento cuidar las instituciones. Aquí era necesario cubrir el Ministerio Público de la Defensa para poner en vigencia el nuevo Código Procesal Penal y no había otros postulantes. Y la realidad es que Navarro Dávila justificó y contestó todas las impugnaciones que recibió. No tuvo pedidos de juicio político durante su gestión (como fiscal), más allá de que pueda haber sido polémica.
-Navarro Dávila tiene como antecedente el archivo de la causa de las valijas del Poder Legislativo...
-Sí, lo habló en la comisión, dio su explicación y todavía está esperando que algún ex legislador se presente a instar la investigación. Algunos dicen que esta Legislatura lo protegió por el archivo (que dispuso), pero él no investigó a esta gestión, sino a la anterior. En este período se derogaron los gastos sociales y se bancarizó la Legislatura. No había un interés de los actuales legisladores en el tema de las valijas.
-¿Considera que no hay continuidad entre esta gestión y la de 2015?
-Sin duda que sí la hay. Soy crítico, pero considero que ser opositor no es pararse en la vereda del frente a tirar porquería. Trato de hacer aportes para que la Legislatura no sea un mero trámite porque, repito, creo en las instituciones. También es culpa nuestra que el espacio opositor se haya diluido. Por lo demás, está claro que existe una continuidad, lamentablemente.
-¿Cómo debería ser la ética de los jueces?
-Nunca me van a escuchar hablar de honestidad porque es una obligación. La ética tiene que formar parte de la función pública y no la restrinjo al Poder Judicial. Quien está sentado en un cargo en la Justicia no debe adeudar favores a nadie y ser capaz de aplicar las normas a todos por igual.