El currículum del juez interino exhibe otro antecedente sin respaldo oficial

Otro antecedente carente de correspondencia con los registros formales alimenta las dudas acerca de la verosimilitud del currículum del abogado litigante Walter Ojeda Ávila, a quien el gobernador Juan Manzur propuso como camarista interino de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. La nueva discrepancia involucra a la propia Legislatura que ha de prestar acuerdo a la designación, específicamente a la comisión especial que elaboró el anteproyecto del Código Procesal Penal sancionado en 2016. Ojeda Ávila consignó que había integrado ese comité, pero su nombre no consta en la nómina de miembros todavía disponible en el sitio oficial (ver imágenes). Marcelo Caponio, titular de ese cuerpo y legislador oficialista, precisó que el futuro juez precario había asesorado al equipo, aunque en la web figura como ponente. Ojeda Ávila no contestó las consultas ayer al igual que el viernes, cuando dos académicas descartaron la concesión del premio por no reprobar pruebas de Derecho Internacional Público que el aspirante dijo haber recibido (se informa por separado).

La inconsistencia surge del CV que Ojeda Ávila entregó este miércoles a LA GACETA por correo electrónico. En el capítulo “actividad profesional” y entre otros datos, el abogado incluyó: “integrante de la comisión interpoderes constituida para estudiar la Reforma del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Tucumán desde junio del 2013 hasta julio del 2018”. Pero su nombre no figura en el apartado “Integrantes” de la plataforma legislaturadetucuman.gob.ar/reformaprocesalpenal. Tampoco podía estar formalmente allí puesto que, según la Resolución 33/2013 del vicegobernador Osvaldo Jaldo, y dado que el letrado Ojeda Ávila no era legislador, ni juez, ni funcionario del Poder Ejecutivo, sólo cabía la posibilidad de que lo designaran los colegios de abogados de la Capital y del Sur, y eso no ocurrió. Las entidades intermedias mencionadas sentaron en la comisión como titulares a Francisco García Posse y a Ángel Fara, y como sustitutos a Ezio Jogna Prat y a Sergio Faiad.

En virtud de la Resolución de Jaldo, representaron al Poder Judicial los magistrados Carlos Caramuti, Eudoro Albo y Ana Lía Castillo de Ayusa (ya jubilada); los fiscales Edgardo Sánchez y Adriana Giannoni, y el defensor oficial Hernán Molina. Por el Poder Legislativo intervinieron los oficialistas Caponio (presidente), Guillermo Gassenbauer (secretario), Gerónimo Vargas Aignasse y Regino Racedo, y el radical Ariel García como titulares, y como suplentes el democristiano José Páez y el oficialista Ramiro González Navarro (tomó las riendas de la comisión cuando Caponio pasó al Gobierno de José Alperovich). Por el Poder Ejecutivo integraron el cuerpo Edmundo Jiménez (ex ministro de Gobierno y Justicia, y hoy jefe de los fiscales); Jorge Posse Ponessa (ex fiscal de Estado y hoy miembro del Tribunal Fiscal), y Paul Hofer (ex secretario de Seguridad), mientras que Humberto Rava (ex secretario de Derechos Humanos) y el todavía funcionario José Farhat fueron miembros suplentes. Las designaciones constan respectivamente en la Acordada 592/2013 de la Corte; en el Decreto 2.285/13 del Poder Ejecutivo; en el Decreto 14 HL-2013 de la Legislatura y en los instrumentos emitidos por los colegios de abogados.

En la comisión especial, que funcionó entre 2013 y 2016, Ojeda Ávila cumplió tareas de gestión encomendadas por Caponio, a la par de Enrique Sancho Miñano, colaborador del legislador, según coinciden distintos integrantes consultados. El sitio del comité informa que el futuro camarista precario presentó dos ponencias en la audiencia pública del 20 de febrero de 2014, donde también expusieron, entre otros, Mariana Rey Galindo, Liliana Vitar, Ana Laura Ayusa, Carlos Gustavo Picón, Jesús Pellegri, Santiago Peral y Josefina Ponce de León. Ningún integrante oficial de la comisión presentó trabajos en aquella oportunidad.

De las versiones taquigráficas de las reuniones disponibles se desprende que el aspirante a juez subrogante no deliberó ni tomó decisiones relativas al anteproyecto del Código Procesal Penal. La transcripción de la audiencia pública expresa que ese día Caponio agradeció el trabajo organizativo de Ojeda Ávila y de Sancho Miñano. En octubre de 2016, durante la sesión donde el nuevo Código fue sancionado, la Legislatura homenajeó a quienes trabajaron en el anteproyecto, donde había autoridades que no participaron en la comisión. Entre los que recibieron diplomas y bandejas aparecen Ojeda Ávila, Sancho Miñano y Peral.

El rol del postulante escogido por Manzur para la Cámara de Apelaciones en la reforma procesal penal apareció el martes, en la audiencia con la comisión de Peticiones y Acuerdos. En ese ámbito, Caponio precisó que Ojeda Ávila había sido un asesor activo del equipo, y añadió que, entre otras tareas, organizó un viaje de estudio de la reforma procesal penal a Santa Fe y aportó su contacto con Daniel Erbetta, miembro de la Corte Suprema de Justicia de aquella provincia. Luego de esa aclaración se desató la controversia puesto que el legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO) preguntó al postulante cómo era posible que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán lo hubiese premiado por “no reprobar asignaturas”, como indicaba su currículum, si el certificado analítico informaba que había recibido 19 aplazos. Según el dictamen de minoría que el opositor rubricó para aconsejar el rechazo de la designación, Ojeda Ávila “se mostró dubitativo y poco convincente” al responder el interrogante.

Al día siguiente durante la mañana, el profesional reconoció que se equivocó al declarar en la Legislatura que había recibido un premio por no reprobar materias durante la carrera. Ojeda Ávila dijo que el error obedecía a que había copiado una versión anterior del currículum y que la distinción en cuestión provenía de la cátedra de Internacional Público. El letrado manifestó que esa cátedra lo había destacado “por no haber reprobado ninguna prueba de la asignatura durante su cursado”, rectificación que también quedó en entredicho.

Ojeda Ávila está a un paso de convertirse en el segundo juez interino nombrado por Manzur dado que sólo resta que el pleno de la Legislatura avale su pliego. La mayoría de los integrantes de la comisión de Peticiones y Acuerdos dictaminó que es apto para controlar las investigaciones penales de toda la provincia, tarea por la que Ojeda Ávila percibirá alrededor de $ 150.000 mensuales (se informa por separado). Firmaron el dictamen favorable los legisladores oficialistas Sandra Mendoza, Daniel Herrera, Caponio, Sara Assán y Zacarías Khoder, y el amayista Silvio Bellomio. Lo mismo habían hecho a fines de octubre respecto de Washington Navarro Dávila, ya ministro público de la Defensa, quien acumuló 31 aplazos en las 21 materias que rindió en la UNT.