Un opositor indaga sobre el premio de un aspirante a juez

La explicación que dio el abogado Walter Ojeda Ávila acerca de un premio que no se compadece con su desempeño como estudiante universitario no cerró la controversia que generó su postulación como camarista subrogante de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. A los fines de contrastar la nueva versión del candidato a juez propuesto por el gobernador Juan Manzur, el legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO) pidió información a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), y a la cátedra de Derecho Internacional Público de esa unidad académica. En concreto, el opositor preguntó si es habitual que los docentes de esa asignatura premien a los alumnos que no reprobaron ninguna prueba y, en el caso positivo, si Ojeda Ávila recibió la distinción.

Colombres Garmendia dirigió sus pedidos a Adela Seguí, decana de Derecho, y a la cátedra, sin especificar destinatarios (la titular es la vicedecana Marta Tejerizo). “El pedido obedece a las declaraciones que hizo Ojeda Ávila al diario LA GACETA. Ruego la máxima celeridad posible en la respuesta debido al inminente tratamiento en el recinto de la designación de ese abogado como camarista”, expresó en las notas que ingresaron ayer a Derecho. La iniciativa de Colombres Garmendia se suma a las repercusiones que generó la publicación del caso: el Colegio de Abogados de la Capital solicitó datos al vicegobernador Osvaldo Jaldo y dos legisladores radicales, Eudoro Aráoz y José María Canelada, fustigaron a Ojeda Ávila (se informa por separado).

El letrado cuestionado había presentado ante la comisión de Peticiones y Acuerdos de la Legislatura un currículum en el que consignó haber recibido un premio como alumno destacado porque no había reprobado asignaturas en Derecho. Pero el certificado analítico de la UNT adjuntado en la carpeta de antecedentes indicaba que había sido aplazado en 19 oportunidades. Ojeda Ávila fue interrogado acerca de esta discordancia en la audiencia con los integrantes de la comisión legislativa: según el legislador Colombres Garmendia, el postulante escogido por Manzur se mostró dubitativo y poco convincente. El miércoles, el abogado expresó a este diario que había cometido un “error involuntario por haber copiado un currículum anterior”. Y precisó que el premio no elogiaba su paso por la carrera de Abogacía sino sólo su rendimiento en la asignatura de Tejerizo, donde había obtenido un 9.

Ojeda Ávila rectificó su CV y manifestó que este debía decir: “diploma de estudiante destacado otorgado por la cátedra de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales acreditando el destacado desarrollo académico en la asignatura de la carrera en esa casa de estudios al no haber reprobado ninguna prueba de la asignatura durante su cursado” (sic). Ojeda Ávila añadió que la distinción no tenía valor a los fines de la acreditación de puntaje para los antecedentes que evalúa el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), donde compite para ser juez en propiedad o vitalicio.

El precedente

La mayoría de los integrantes de la comisión de Peticiones y Acuerdos soslayó los aplazos masivos, tal y como había hecho la semana pasada respecto de la candidatura del ya ministro público de la Defensa, Washington Navarro Dávila, que recibió 31 reveses en las 21 asignaturas que rindió en la UNT. Tampoco se expidió sobre las inconsistencias de la trayectoria declarada. Los legisladores oficialistas Sandra Mendoza (presidenta), Daniel Herrera, Marcelo Caponio, Sara Assán y Zacarías Khoder, y el amayista Silvio Bellomio enumeraron los antecedentes de Ojeda Ávila, y aconsejaron que reciba el acuerdo. En el currículum consta que el candidato a juez precario tiene una maestría en Criminología y Sociología Jurídica Penal de la Universidad de Barcelona, y una especialización en Derecho Penal de la Universidad Nacional de Rosario, y que está cursando el Doctorado en la institución santafesina. Además, fue asesor del Poder Ejecutivo (2003) y de la presidencia de la Legislatura (2006-2007), y trabajó junto a Caponio en los proyectos atinentes al Código Procesal Penal sancionado en 2016. En minoría, Colombres Garmendia se pronunció por el rechazo del pliego al considerar que la distorsión del currículum presenta una gravedad insalvable.