31 Octubre 2018
LUCAS BARRIONUEVO / ARCHIVO
Lucas Barrionuevo, ex funcionario del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), caminaba por la sede penal de Tribunales. Escoltado por un policía, se dirigía al juzgado de Instrucción que conduce el magistrado Alejandro Tomas.
Momentos después finalizó los trámites legales en el juzgado y quedó a la espera de que la Policía concrete lo dispuesto por la Justicia y lo ponga en libertad.
Esto ocurrió por una resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. El tribunal consideró, la semana pasada, que no había fundamentos suficientes para mantener tras las rejas ni a Barrionuevo ni a Miguel Jiménez Augier, otro ex funcionario del instituto que se encuentra detenido por la misma causa. Es decir, la Justicia determinó que no hay riesgo de fuga ni de que entorpezcan la investigación.
Ambos ex coordinadores habían quedado detenidos a principios de agosto. La medida se adoptó en el marco de una investigación que la fiscala Adriana Giannoni abrió de oficio en julio de 2017, después de que “Panorama Tucumano” (el ciclo televisivo de este diario) transmitiera un informe sobre una serie de irregularidades en el Ipvdu.
Algunos de los datos revelados en el programa periodístico demostraban un vínculo entre Barrionuevo y los dueños legales de una constructora que recibió contrataciones millonarias del Ipvdu: Marán SRL. Es que el entonces funcionario negó conocer a Sebastián y Martín Nieva, propietarios de la empresa, pero se comprobó que son sus sobrinos políticos.
Ellos también fueron detenidos en septiembre en el marco de esta causa. Quedaron libres días después aunque siguen estando imputados por participación primaria en el delito de enriquecimiento ilícito, encubrimiento y asociación ilícita. Luego firmaron un acuerdo con la Justicia por el cual brindarían información relevante sobre el caso.
Vuelta al trabajo
Jiménez Augier, acusado de enriquecimiento ilícito, sigue detenido. Según fuentes judiciales, no finalizó los trámites que la Cámara de Apelaciones exigió como requisitos para que sean liberados. Esos trámites incluyen la fijación de una garantía patrimonial.
Barrionuevo, en cambio, cumplió con las exigencias y al cierre de esta edición sólo restaba que la Policía finalice el trámite y lo libere. Según diversas fuentes, ese es el procedimiento normal y dichas medidas suelen concretarse al finalizar la jornada.
El ex coordinador fue suspendido cuando se transmitió el primer informe de LA GACETA sobre irregularidades en la repartición. Al finalizar esa suspensión de 45 días pidió una licencia médica. Ese permiso fue prorrogado, por lo que cuando fue detenido llevaba cerca de un año sin trabajar. Durante ese lapso perdió el título de coordinador aunque formalmente sigue siendo empleado de la repartición.
Pero la licencia terminó. Por una resolución firmada el 28 de agosto, Noemí Ferrioli -actual interventora del organismo- rechazó el último pedido de licencia presentado por Barrionuevo.
En ese contexto, el ex coordinador y aún empleado del instituto podría presentarse a trabajar mientras sigue siendo investigado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y defraudación a la administración pública.
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