Hugo Sánchez volvió a solicitar su libertad ante el Tribunal. A través de su defensa técnica, el ex jefe de la Policía pidió por tercera vez en seis meses el cese de la prisión preventiva e insistió en que no había tenido participación en los mensajes intimidatorios denunciados por un testigo. El acusado está detenido desde el 25 de abril pasado por amenazas, medida confirmada por la Sala III en pleno desarrollo del juicio oral por el crimen de Paulina Lebbos.
“Pusimos en consideración nuevas circunstancias (pruebas), que no habían sido analizadas en el momento de la resolución”, explicó ayer Alejandro Biagosch, uno de los patrocinadores, junto con Marcelo Jiménez Santillán.
La defensa presentó un escrito el pasado viernes 12, previo al receso de dos semanas, para intentar revertir la disposición judicial. El ex funcionario alperovichista debe cumplir con la prisión hasta el cierre del proceso oral. Si se tiene en cuenta el recurso de queja rechazado por la Corte Suprema de Justicia local (CSJT) el mes pasado, se trataría de la cuarta acción procesal de la parte para dejar sin efecto la prisión preventiva. En abril y junio, el Tribunal había rechazado dos pedidos de la defensa.
Biagosch expresó que, en esta ocasión, se ofreció “como prueba instrumental” un mensaje de la red social Whatsapp, en el que Sánchez le habría dicho a su esposa “que no tenía conocimiento de lo sucedido entre el 21 y 25 de abril, previo a la resolución del Tribunal. “Consideramos una verdadera confesión a su señora esposa de lo no sabido”, enfatizó Biagosch. De acuerdo a la parte, esa comunicación se habría producido el mismo de la detención del ex titular de la fuerza de seguridad.
Según el letrado, los mensajes y audios considerados como amenazas formaron parte de una triangulación entre el propio testigo, el ex director de la Policía Científica, Fernando Vázquez Carranza; el entonces abogado de Sánchez, Enrique Andrada Barone y Luis “Niño” Gómez (condenado a 18 años de prisión por el crimen del comunero Javier Chocobar). “No tenía conocimientos de las llamadas telefónicas y los mensajes entre estos tres”, insistió. Incluyó, además, una declaración jurada avalando esta situación de Gómez.
Vázquez Carranza había denunciado que el abogado Andrada Barone le había enviado mensajes por Whatsapp haciendo referencia a la declaración de otro testigo, el perito Daniel Alejandro Díaz. En esos envíos, le extendieron “saludos” de parte de “el Niño”, apodo con el que se conoce a Gómez, ex integrante del Comando Atila. Además, Vázquez Carranza denunció que un desconocido se había presentado a la salida del colegio de su hija en esos días.
Ayer, Sánchez amplió su declaración con la intención de explicar cómo se aplicaban la Ley del Personal Policial y el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial (RRDP), y los criterios legales que se habían tomado en la Policía para autorizar la reincorporación y posterior asenso del ex comisario de Raco, Enrique García. Este último fue condenado por falsificación de instrumentos públicos en una causa vinculada al crimen de Paulina.
Sánchez pidió hablar días después de los testimonios de Samuel López y Fátima Gómez, abogado y jefa de Asesoría Letrada de la Policía. El primero había rechazado en 2006 el reingreso de García; mientras que la titular del área aconsejó autorizar un año después, aproximadamente.
El acusado manifestó que López había desconocido el artículos 223 (RRDP) en su dictamen de rechazo y que el ascenso de García, años después, había estado dentro del marco de la ley, pese a que estaba imputado en un proceso penal.
Sánchez seguirá declarando hoy.