Por Irene Benito
26 Octubre 2018
Washington Navarro Dávila. LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO (ARCHIVO)
Está previsto que la Legislatura preste acuerdo en su sesión de hoy al nombramiento de Washington Navarro Dávila, el actual titular de la Fiscalía de Instrucción N° 5, como ministro público de la Defensa. Es quien lidera la defensa de los ciudadanos que no pueden pagar un letrado particular.
La comisión parlamentaria de Peticiones y Acuerdos dio dictamen favorable para que se respalde el nombramiento del funcionario judicial, como lo solicita el gobernador, Juan Manzur, quien remitió el pliego. Sin embargo, entre los antecedentes de Navarro Dávila que estudiaron ayer los legisladores de ese equipo de trabajo, surge que el propuesto para esa jerarquía judicial recibió 31 aplazos mientras cursaba la carrera de abogado en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
El título analítico revela que el profesional rindió hasta ocho veces dos asignaturas: “Derecho Político” y “Bancarrotas y Privilegios”. Da cuenta, además, de que tardó 11 años en recibirse, casi el doble de lo que estipula el programa. Las calificaciones obtenidas en las 21 materias que estudió en la UNT, donde le reconocieron ocho equivalencias sin indicación de notas, arroja un promedio general de 4, el puntaje mínimo para superar las evaluaciones.
Los dictámenes
La cantidad de reprobados que acumuló Navarro Dávila supera el número total de materias del Plan 1977 de Abogacía: 29 asignaturas, más la práctica tribunalicia. Esta información detallada consta en la carpeta de antecedentes del candidato presentada ante la comisión de Peticiones y Acuerdos de la Legislatura. En ese ámbito, los legisladores oficialistas Sandra Mendoza, Daniel Herrera, Marcelo Caponio, Sara Assán y Zacarías Khoder, y el amayista Silvio Bellomio, avalaron el curriculum vitae del candidato, cuyo pliego será votado hoy en el recinto (se informa por separado).
Aunque no hizo mención a los aplazos, el macrista Alberto Colombres Garmendia aconsejó el rechazo de la postulación.
Las notas
La copia del certificado analítico, expedida el 23 de octubre, consigna que el fiscal rindió tres veces “Historia de las Instituciones” y “Derecho Procesal II”, asignatura clave para la función que debe desempeñar como titular de la Defensa. Además, se presentó en cinco oportunidades a los exámenes de “Introducción al Derecho”. Y aprobó “Derecho Administrativo” en el séptimo intento: en el camino obtuvo tres ceros y un uno. Esa materia también incide en la tarea que pasará a desarrollar, adicionalmente, en la Junta Electoral. Como se sabe, en la sesión de hoy el oficialismo tiene previsto incluir al ministro público de la Defensa en esa institución administrativa, encargada de organizar y fiscalizar los comicios.
La normativa
La ley de creación del órgano de la Defensa, que tiene la misión de contrapesar y controlar al Ministerio Público Fiscal que encabeza Edmundo Jiménez, otorgó al Poder Ejecutivo la facultad de elegir discrecionalmente a su titular. Lo mismo sucede respecto de la institución de la acusación y de las cinco vocalías de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
Esa norma fue impulsada por el peronismo en febrero de 2017. Por separado, tanto Alberto Lebbos, activista de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, como Marcelo Billone, presidente del Colegio de Abogados de la Capital, cuestionaron el mecanismo: ambos dijeron a LA GACETA a título personal -la entidad intermedia optó por no pronunciarse- que urge dar transparencia y prestigio a la Justicia, y que ello exige la celebración de concursos públicos de antecedentes y de oposición.
Navarro Dávila no pudo ser ubicado ayer ni respondió las consultas periodísticas.
El fiscal de hecho concursó en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y entró en el tercer lugar de la propuesta para la Fiscalía N°5 que dirige desde 2012. Al otorgarle el puesto, el ex gobernador José Alperovich descartó a Gustavo Romagnoli y también a Diego López Ávila.
Con posterioridad, Alperovich nombró a López Ávila en la Fiscalía N°4 -tras la judicialización promovida por otro candidato vetado en forma sistemática, el secretario judicial Carlos López- mientras que Manzur hizo camarista penal a Romagnoli.
En cuanto al nombramiento como Ministro Público de la Defensa, al menos siete impugnaciones sostienen que Navarro Dávila, presuntamente, carece de aptitudes éticas y de independencia para desempeñarse en ese cargo.
El oficialismo da su aval al curriculum
Navarro Dávila quedó en condiciones de convertirse en el primer ministro público de la Defensa, condición que, además, le permitirá integrar la Junta Electoral. Con el apoyo del legislador amayista Silvio Bellomio, el oficialismo dictaminó a favor del candidato propuesto por Manzur. Específicamente, el dictamen de la mayoría indica que del curriculum vitae del fiscal surge que este está habilitado para hacerse cargo de la jefatura de los defensores oficiales. Dichos papeles incluyen el certificado analítico donde consta que el fiscal recibió 31 aplazos mientras cursaba la carrera universitaria de Abogacía (se informa por separado).
La opinión mayoritaria y favorable al funcionario escogido por el Poder Ejecutivo lleva la firma de los justicialistas Mendoza, Herrera, Caponio, Assán y Khoder, además de la de Bellomio. Colombres Garmendia, legislador de Pro-Cambiemos, suscribió el dictamen minoritario que aconseja rechazar el nombramiento. En el mundillo judicial y político dan por hecho que la designación de Navarro Dávila recibirá el acuerdo en la sesión de hoy, donde el oficialismo también prevé modificar la Junta para incluir en su conducción al flamante ministro de la Defensa.
Los dictámenes consignan que Navarro Dávila se recibió en 1992 -tras 11 años de carrera-; que tiene un posgrado en Derecho Procesal Penal de la Fundación Magister (2016), y que fue funcionario judicial, abogado litigante, subsecretario de Seguridad en el último año del Gobierno de Ramón Ortega, director de Tránsito y Seguridad Vecinal de Yerba Buena, y fiscal federal general ad hoc. En 2012 y concurso mediante, el ex gobernador José Alperovich lo nombró fiscal N°5. Su postulación para la Defensa generó un pedido de destitución y siete impugnaciones de, entre otros, los abogados Carlos Díaz Lannes y Gustavo Morales, que cuestionan, entre otras cosas, que no ofrece garantías de independencia.
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