25 Octubre 2018
ACTO INSTITUCIONAL. Carlos dice “sí, juro” ante los vocales de la Corte.
La Justicia de Tucumán incorporó al primer juez interino nombrado por el gobernador Juan Manzur. Víctor Raúl Carlos juró ayer ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán como juez subrogante en lo Civil y Comercial Común N°7 de esta capital en un acto institucional exclusivo. Los restantes magistrados en propiedad (es decir, permanentes) que recibieron el acuerdo legislativo junto con Carlos asumirán más adelante, según informaron fuentes judiciales.
Daniel Posse presidió el juramento en su calidad de titular de la Corte, y en presencia de sus pares René Goane, Antonio Gandur, Antonio Estofán y Claudia Sbdar. Asistió al acto Daniel Leiva, fiscal de Estado de la Provincia, quien se ubicó en la primera fila junto al abogado y ex vocal del alto tribunal, Juan Carlos Veiga. Entre otros, también acompañaron a quien se desempeñaba como funcionario judicial los letrados Miguel Marcotullio y Roberto Sobre Casas.
Carlos tomará las riendas de un juzgado que hasta este año controló Graciela Dalla Fontana, quien se jubiló. Esa oficina sustancia un proceso concursal complejo abierto en 1995, el del ingenio San Juan, que trascendió recientemente por la decisión cautelar que devolvió el juicio al estado que presentaba en 2001. Se trata de un caso con crecientes repercusiones políticas, sociales y económicas. El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y el intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros, indicaron en su momento que esperaban que Carlos ayudara a destrabar el concurso de la empresa. Además, el Juzgado donde debutará la figura del juez transitorio impulsada por el oficialismo forma parte del ensayo de oralidad sin cambio procesal en vigencia desde el 1 de octubre.
El primer subrogante externo que escogió Manzur ocupaba el quinto lugar en la lista de candidatos confeccionada por el Consejo Asesor de la Magistratura. En virtud de la Ley 9.011, Carlos percibirá el salario y gozará de los privilegios del juez titular, pero no tendrá su estabilidad, que es uno de los atributos que garantizan la independencia judicial, según la Constitución Nacional. Sucede que su gestión caducará a los dos años, siempre que el Gobierno no prorrogue la designación por 12 meses más o que el Juzgado N°7 no sea cubierto antes en forma definitiva.
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