Una designación genera pedidos de diálogo y de destitución

La intención del Gobierno de Juan Manzur de convertir al fiscal Washington Navarro Dávila (N°5) en el primer ministro público de la Defensa de la provincia despertó nuevas expresiones de rechazo y una situación institucional inusual: un profesional solicitó la destitución del funcionario constitucional que el oficialismo pretende promover. Hasta ayer habían ingresado siete impugnaciones a la comisión de Peticiones y Acuerdos de la Legislatura, que hoy a las 10 se reunirá con el objetivo de habilitar la votación del nombramiento en la sesión prevista para mañana. En medio de las objeciones y críticas apareció una voz para solicitar diálogo: la de Carlos Casal, candidato opositor a la vicepresidencia del Colegio de Abogados de la Capital (se informa por separado).

Los impugnantes asistieron este miércoles a la comisión que preside la legisladora oficialista Sandra Mendoza. “Oímos a todos, salvo a quien pidió la destitución del fiscal (el letrado Carlos Díaz Lannes)”, explicó Mendoza en una conversación telefónica. Además de esa legisladora, integran el comité los justicialistas Daniel Alberto Herrera, Sara Alejandra Assán, Marcelo Caponio y Zacarías Khoder, y los opositores Alberto Colombres Garmendia y Silvio Bellomio. En el circuito político dan por hecho que la mayoría avalará a Navarro Dávila. El cargo en juego está asimilado a una vocalía de la Corte Suprema y, además de la jefatura de los defensores oficiales, comprenderá una silla en la Junta Electoral gracias a la reforma legislativa impulsada por el oficialismo que también será tratada en la sesión de mañana.

Los ataques a la designación del ministro de la Defensa, pliego que ingresó oficialmente este lunes a la Legislatura, incluyen una solicitud del abogado Díaz Lannes para que Navarro Dávila sea expulsado de la Fiscalía N°5. Ese letrado dijo que el funcionario debía ser destituido porque omitió apartarse en un proceso penal contra su ex colega Carlos Albaca pese a que tenía con él una amistad manifiesta y un deber de gratitud. “Benefició a quien debía investigar al disponer el archivo de mi denuncia de 2012”, expresó Díaz Lannes a la comisión de Juicio Político. El profesional añadió que, con posterioridad, Navarro Dávila se excusó de intervenir en las causas iniciadas en 2014 contra el ex fiscal N°2 por los supuestos delitos que habría cometido mientras debía investigar el crimen de Paulina Lebbos aduciendo amistad manifiesta con Albaca. “Entonces hizo pública la relación que lo unía a Albaca desde cuando se desempeñó como secretario, situación anterior a su actuación en la causa penal que inicié hace seis años”, agregó Díaz Lannes. El abogado expresó que el mal desempeño de Navarro Dávila era evidente y que, por ello, debía ser echado de la Justicia.

También entró a la Legislatura la impugnación que redactó el abogado Gustavo Morales, quien dijo que el fiscal N°5 carecía de idoneidad ética e intelectual para acceder al Ministerio Público de la Defensa, y que su nombramiento perpetuaba “las manipulaciones espurias, el amiguismo y el nepotismo existentes por acción del ministro público fiscal Edmundo Jiménez”. El letrado alegó que Navarro Dávila no se había perfeccionado en las habilidades que requiere el nuevo cargo (“no asistió a los cursos de litigación”, dijo), y que exhibía “conductas carentes de transparencia y preñadas de sospechas de corrupción”. En particular, recordó que el fiscal N°5 consintió que su esposa, la ex jueza Liliana Vitar, revisara su labor investigativa como camarista de Apelaciones hasta que una resolución de 2015 desbarató ese proceder. También le adjudicó la propiedad de vastas extensiones de terrenos en El Cadillal, que habrían sido usurpados. Además, Morales informó que había denunciado a Navarro Dávila en sede penal porque en la causa “Lobo” actuó como fiscal cuando antes había sido defensor del imputado; que el expediente ingresó en el despacho de la fiscala Adriana Giannoni (N°8) y que no avanzó. Tras reiterar que había anticipado estas circunstancias al gobernador Manzur y a la legisladora Mendoza, Morales afirmó: “el cuestionado Jiménez anhela que la acusación y la defensa sean dos caras de la misma moneda, con efectos nefastos que no tardarán en exteriorizarse pero que, entre tanto, padecerán imputados, víctimas y abogados litigantes”.