Cuatro impugnaciones rechazan el ascenso de Navarro Dávila a ministro de la Defensa

Al menos cuatro presentaciones objetan la pretensión del oficialismo de ascender a Washington Navarro Dávila, fiscal de Instrucción en lo Penal N°5 de esta ciudad, a ministro público de la Defensa. Las impugnaciones ingresaron ayer a la Legislatura, institución que se dispone a aprobar la designación del gobernador Juan Manzur en la sesión de este viernes. En esa misma ocasión, el oficialismo remodelará la Junta Electoral Provincial de tal forma que, además de convertirse en superior de los defensores oficiales, Navarro Dávila pasará a formar parte del órgano encargado de controlar los comicios en lugar del vicegobernador.

Los impugnantes, Darío Cacieccio, Roxana Teves, Oscar López, y Carlos Salomón y Myriam Ruiz, que suscribieron el mismo texto, coincidieron en describir a Navarro Dávila como un funcionario carente de independencia. Algunos de ellos advirtieron que la amistad y cercanía con el oficialismo explicaban esta controvertida promoción a un cargo equivalente al del vocal de Corte creado originalmente por las necesidades del nuevo Código Procesal Penal. Ese digesto debería entrar en vigencia en toda la provincia en febrero de 2019. Se supone que el Ministerio Público de la Defensa tiene que contrapesar el poder de acusación del Ministerio Público Fiscal a cargo de Edmundo Jiménez.

López manifestó a los legisladores que el fiscal N°5 no sólo omitió investigar y archivó su denuncia de 2015 por el traslado de dinero en valijas supuestamente destinado al pago de gastos sociales legislativos, sino que, además, retuvo indebidamente la parte de la causa que atribuía un supuesto enriquecimiento ilícito a Claudio Pérez, ex tesorero y hoy secretario administrativo de la Legislatura. “Navarro Dávila hizo esto para mantener la presión sobre Pérez, justamente el funcionario que puede mandar presos o salvar a todos los denunciados”, expresó López. El peronista disidente informó que por este motivo había denunciado a Navarro Dávila y que los legisladores debían abstenerse de votar el pliego puesto que ello podría configurar nuevos delitos, más allá de un acto nulo. Con la misma lógica, añadió: “no resulta jurídicamente posible que el gobernador beneficiado por el archivo de la causa proponga al que lo ha beneficiado”.

Teves, por su parte, dijo que estaba imputada en una causa penal “inventada” en 2009 por el ministro público fiscal Jiménez y que este tenía una relación de amistad conocida con Navarro Dávila. La impugnante manifestó que su ascenso era otro nombramiento impulsado por Jiménez para manejar la Justicia penal, como había sucedido recientemente con la designación de su sobrino político, Facundo Maggio, como juez de Instrucción N°2 de esta ciudad. “Estamos frente a una cooptación institucional total”, expresó.

Cacieccio se presentó como padre de Morena Guadalupe, niña fallecida en 2012. En su escrito manifestó que había denunciado al ex gobernador José Alperovich porque este estaba usando el avión sanitario que su hija necesitaba para trasladarse al Hospital Italiano (Buenos Aires). “Mi denuncia ingresó en la Fiscalía de Navarro Dávila y, como estaba involucrado el poder, dicho fiscal no investigó absolutamente nada. Por suerte la causa ahora está en la Fiscalía de Diego López Ávila (N°4), donde avanza satisfactoriamente. Pero todavía espero justicia por mi hija”, reprochó.

Salomón y Ruiz manifestaron que su hijo Gabriel Salomón también murió en 2012 por una tuberculosis no diagnosticada y como consecuencia de una mala praxis. “Nuestro hijo fue literalmente asesinado por las autoridades hospitalarias y el Sistema Provincial de Salud. Hicimos la denuncia penal en la Fiscalía N°5 de Navarro Dávila, pero, como estaba involucrado el poder, la causa no se movió”, expresaron.