Jaime reconoció que se enriqueció en forma ilícita

El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime acordó ayer con la fiscala Gabriela Baigún una condena de cuatro años de prisión, una multa de $ 12,7 millones y el decomiso del yate valuado en un U$S 1 millón, seis inmuebles y dos autos que serán destinados al Estado, para evitar el juicio oral y público en cuatro causas en las que está investigado e imputado.

Fuentes judiciales consultadas detallaron que el convenio, que también incluye a otros 16 imputados que admiten a su vez que se enriquecieron ilegalmente (entre ellos Manuel Vázquez, testaferro del ex funcionario) es por el momento de palabra y será firmado en los próximos días para hacerse oficial. Debe ser homologado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6.

El total de las multas que pagarán los imputados ronda los $ 40 millones. Fueron embargados 35 inmuebles, 18 autos y dos embarcaciones. El acuerdo se enmarca en cuatro causas: dos por peculado, una por enriquecimiento ilícito y la otra por corrupción en el Belgrano Cargas.

Con este convenio que tramitó su defensa, Jaime reconocerá que se enriqueció ilícitamente, se abreviará el juicio y cumplirá cuatro años de cárcel. Esta pena se le compondrá con las otras que tiene -ya acumula ocho años de prisión-, entre ellas la que le corresponde por su responsabilidad en la tragedia de Once.

No obstante este arreglo y la situación actual, Jaime comenzará a ser juzgado en los próximos días por la compra de material ferroviario a España y Portugal, que resultó ser inservible, por lo cual fue acusado de cohecho y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.

En esta última causa, el ex secretario de Transporte está acusado por la compra de vagones, locomotoras y otros rodamientos ferroviarios a las empresas Caminhos de Ferro Portugueses, de Portugal, y a Renfe y sus satélites, de España.

Esas contrataciones realizadas durante la gestión de Jaime generaron, a entender de los investigadores, un gran “perjuicio para el patrimonio estatal”.

Según indicó el juez Julián Ercolini al redactar el escrito que en su momento lo envió a juicio oral, se advierte en la contratación “la falta de proporción entre los valores pagados por las unidades y la calidad del material, parte del cual resultó inservible”. (Télam-Ámbito-Infobae)