Empieza la era del “juez a prueba”

Los magistrados permanecen en sus cargos mientras dura su buen desempeño para que puedan hacer justicia a ciegas. Esa garantía constitucional de estabilidad, una excepción colosal al principio republicano de periodicidad de los mandatos, no ha sido establecida para privilegio de la magistratura sino para la tranquilidad de los ciudadanos que acuden a los Tribunales. Aún así y con ese blindaje, los déficits de independencia judicial en Tucumán están a la vista: por “déficits” léase la dificultad evidente para aplicar a los poderosos la regla de igualdad ante la ley. La pregunta es qué ocurrirá cuando caiga la inamovilidad y en la Justicia provincial comience la era del “juez a prueba”, cuya carrera depende de la voluntad de los gobernantes.

La respuesta está en el destino de Víctor Raúl Carlos, a quien en el Poder Ejecutivo identifican con cariño como el “hombre sin apellido”. Carlos no tenía padrinos ni procede de un entorno influyente: es un funcionario judicial que se hizo a sí mismo. En julio, ganó el concurso organizado para activar el Juzgado Civil y Comercial de Monteros. Pero el gobernador Juan Manzur lo vetó: prefirió para ese puesto a Luciana Eleas. Fue el único supuesto del lote de cinco designaciones que le arrancaron en septiembre donde descartó al líder de la terna. Al mes siguiente, el mismo jefe de Estado que le había cerrado la puerta para ser magistrado con todos los atributos de la Constitución lo nombró juez subrogante o precario, con fecha de caducidad, en un volcán: el Juzgado en lo Civil y Comercial N°7 de esta capital que tramita el juicio del ingenio San Juan, uno de los procesos concursales más exóticos de la historia patria.

El “hombre sin apellido” se transformó así en una suerte de tubo de ensayo viviente para la Ley 9.011. Esta norma de abril de 2017 creó la figura del juez suplente externo, que el Gobierno escoge a partir de las listas de concursantes confeccionadas por el Consejo Asesor de la Magistratura: en la órbita federal existe desde junio un mecanismo similar con la diferencia de que el nombramiento procede por sorteo y no por la voluntad del Presidente. El diseño local tiene como particularidad que amplía la discrecionalidad del gobernador. Los integrantes de las nóminas tienen el mismo derecho a ser elegidos, pese a haber carecido del puntaje requerido para acceder a la terna del concurso concreto. Uno de los riesgos del sistema concebido por los oficialistas Fernando Juri, Silvia Rojkés y Javier Pucharras es que quien no logra ser propuesto para juez definitivo ingrese a los Tribunales por la puertita de los interinos.

No es la situación de Carlos, que pudo haber tomado las riendas del Juzgado de Monteros, pero que terminó “a prueba” con la misión de resolver el lío de proporciones bíblicas del San Juan explicitada por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el intendente justicialista de Banda del Río Salí, Darío Monteros, y, en menor medida, el propio presidente de la Corte, Daniel Posse. Pero, al estrenar el esquema de subrogantes justificado “por la escasez de magistrados, y la necesidad y urgencia de garantizar el acceso a la justicia” -realidad creada en gran parte por el propio oficialismo-, Manzur notificó que no se autolimitará al aspirante con mayores méritos o a los tres mejores. Carlos, el primer juez precario elegido con la Ley 9.011, ocupa el quinto lugar del listado remitido para el Juzgado N°7. Entre otros, en el camino quedó un ternado consuetudinario consuetudinariamente descartado por el Gobierno como Pedro Cagna, tesorero del Colegio de Abogados de la Capital: coscorrón para la entidad intermedia que avaló la normativa. Un año y medio más tarde da la sensación de que la Ley 9.011 no rindió los frutos que había imaginado la dirigencia profesional.

El interino Carlos enfrenta una coyuntura inédita. Sin rodeos, el oficialismo le indicó que debe encontrar una salida para el descalabro del ingenio bandeño, un proceso que lleva 23 años de desarrollo y que este mes volvió “jurídicamente” al estado que presentaba en 2001. Un príncipe del foro sugiere que el interés de las autoridades por esa fábrica va más allá del anhelo de contener a “las 400 familias” que viven de ella. Una trama opaca vincula a esa empresa con el Estado: bastaría con señalar que el juicio retrocedió 17 años porque en su momento la Dirección General de Rentas habría aceptado una quita del 70% de un crédito original de U$S 4,4 millones. Según Rómulo Acosta, abogado fallecido de la firma Marcas SRL que impugnó el acuerdo, sólo la Legislatura podía autorizar semejante concesión. No fue la primera ni la única ayuda que el San Juan recibió del erario: en mayo de 2016 y con el argumento de que había que atender los salarios de los obreros, Manzur se comprometió a aportar $ 9 millones (U$S 629.000) en una gestión en la que también participó el intendente Monteros.

¿Y si las decisiones que adopte el sustituto Carlos desagradan al oficialismo? El Gobierno no necesita activar un proceso formal de destitución puesto que siempre puede acelerar la cobertura vitalicia del Juzgado N°7 o no renovar la suplencia, que caduca a los dos años prorrogables por 12 meses más. En esa hipótesis, Carlos descendería al círculo de los concursantes excluidos que encabeza el secretario Carlos López. Ello implicaría archivar el sueño de la magistratura, y, además, perder la retribución y los privilegios de juez que tendrá a partir de que asuma la subrogancia.

Si por el contrario y por los motivos que sea -no necesariamente espurios-, Carlos satisface a sus designadores, estos podrán “premiarlo” con la extensión de un año en el supuesto de que el concurso se atrase por razones naturales o provocadas, o bien ubicarlo como juez titular en cualquier otro despacho, o en el propio Juzgado N°7. En tal escenario, Carlos se convertiría en una especie de “Daniel Bejas” de la Justicia provincial puesto que el juez federal N°1 primero llegó a ese cargo en forma provisoria y, después de casi cuatro años de servicios y concurso mediante, fue confirmado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Suceda lo que suceda, la prueba a la que será sometido Carlos implicará, en el fondo, un test para su independencia.