Se suele decir que las sociedades más avanzadas son aquellas que han logrado el bienestar, tanto en las necesidades elementales, como en el acceso a la salud y a la educación, sino también cuyos integrantes tienen derechos y obligaciones que los igualan ante la ley. Cuando uno de los sectores de una comunidad goza de privilegios, se está discriminando al resto y se produce la desigualdad. Hay temas irritantes para los argentinos, como ocurre con el Impuesto a las Ganancias que golpea los bolsillos de los trabajadores desde hace más de un década. También exaspera a la población que los magistrados y funcionarios judiciales estén exentos de este tributo y que además perciban el 82% móvil tras su jubilación.
Sobre este asunto, en una visita a nuestra ciudad, la presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia dijo que los jueces deben tributar como todos. “Pero cómo, de qué forma... no lo sé. Hay que evaluarlo en función de los textos constitucionales. Pero yo creo que es un gesto necesario. Es un momento de crisis, un momento difícil, y a mí me parece que debemos poner el hombro, como sucede en una familia. Es así. Todos los habitantes de la Nación estamos obligados a cuidarla. Es mi pensamiento personal: si viviésemos en otro país, seguramente tendríamos que pagar Ganancias”, afirmó María del Carmen Battaini. Respecto de que la magistratura exhiba sus declaraciones juradas patrimoniales, la profesional dijo que esto ya sucede en varias jurisdicciones y lo recomiendo. “¿Qué tenemos que ocultar? Al contrario, es mejor. Si hablamos de transparencia, debemos mostrarnos como somos”, manifestó.
La resistencia de los jueces a tributar ganancias se apoya en el principio de “intangibilidad” (que no debe o no puede tocarse) mencionado en el artículo 110 de la Constitución Nacional, que establece: “los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones”.
Los magistrados están excluidos del pago de Ganancias por una acordada de la Corte, que data de 1996. Este privilegio existe desde 1936; en 1996 la Ley 24.631 derogó esa exención, pero el máximo tribunal intervino y la declaró inaplicable.
El 22 de diciembre de 2016, el Congreso de la Nación sancionó la ley 27346, que estableció que los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial no deben pagar Ganancias a menos que su nombramiento haya sido posterior a 2017. Según el diario Infobae, de unos 700 jueces nacionales y federales, solo ocho jueces nacionales pagan Ganancias -junto a otros 417 empleados y funcionarios- que ingresaron al Poder Judicial después de 2017 y fueron alcanzados por la nueva ley.
La Carta Magna dice que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, esta realidad se ocupa de desmentirla. Da la impresión de que los jueces que se resisten a pagar este tributo se consideran tal vez una casta superior, diferente al resto de los mortales. Se supone que los jueces deben ser los primeros en dar el ejemplo de transparencia, porque son ellos los que tienen que aplicar la ley. Toda excepción encierra la posibilidad de un privilegio. No se trata de poner el hombro al país, dignándose a tributar, sino de una cuestión de equidad que es uno de los pilares de la democracia. “La patria florece cuando vemos en el trono a la noble igualdad, como bien dice nuestro himno nacional”, afirma el papa Francisco.