La Corte alivia al Gobierno en un juicio para conocer el costo del edificio legislativo

La Corte Suprema de Justicia le dio un espaldarazo al Gobierno provincial en un juicio iniciado para que se difundan los detalles de la construcción del nuevo edificio de la Legislatura. Con voto dividido, el máximo tribunal hizo lugar a la apelación presentada por la Provincia y declaró nula una sentencia del fuero en lo contencioso administrativo, mediante la que se obligaba al Gobierno a difundir “masiva y generalizada” la información referida a la totalidad de las contrataciones, honorarios profesionales y demás erogaciones producidas por la edificación del palacio legislativo, ubicado en calle Muñecas 951. Además, la Corte dispuso que la Cámara en lo Contencioso Administrativo "con la integración que corresponda", dicte un nuevo pronunciamiento.

El litigio comenzó hace ya siete años, en 2011, cuando el ex legislador radical Juan Roberto Robles inició una acción declarativa de certeza. Robles había planteado la demanda contra el Estado Provincial porque consideraba inconstitucional la decisión de ejecutar esa obra "sin ningún tipo de control". En consecuencia, en julio de 2016, los camaristas de la Sala III (Sergio Gandur y Ebe López Piossek dictaron sentencia. “Corresponde que en el plazo de 30 días de quedar firme este pronunciamiento se satisfaga el pedido del ciudadano Robles, y a su vez se lo haga público dándolo a conocer a los medios de prensa”, señalaron los vocales en la sentencia N° 100.

La Fiscalía de Estado, que encabeza Daniel Leiva, interpuso luego un recurso de casación para solicitarle a la Corte Suprema que revoque la resolución, por considerar que los camaristas habían resuelto el proceso judicial de manera arbitraria. Así, los vocales Daniel Posse (preopinante), Claudia Sbdar y Antonio Estofán hicieron lugar al recurso de casación presentado por el Gobierno en una sentencia emitida el 3 de este mes. El vocal René Mario Goane votó en disidencia.

"La amplitud y operatividad que se otorga al derecho de acceso a la información pública no es óbice para reconocer que -por la complejidad de la información que maneja el Estado y los organismos técnicos implicados en su producción y procesamiento- el mismo (acceso a la información) debe ser reglamentado. Además, como cualquier otro derecho de los reconocidos por nuestra Constitución (ya sea de manera directa o por vía convencional) no es absoluto; sino que debe ejercerse de acuerdo a las leyes que reglamentan su ejercicio", escribió Posse, presidente de la Corte. El magistrado también habló de la necesidad de actuar bajo un "estricto criterio de razonabilidad". "Consideramos que la identificación específica mediante el número de expediente respectivo, el lugar de ubicación donde se encuentra la mencionada documentación y la puesta a disposición -con indicación de fecha y horario-  para su consulta, cotejo y estudio para la parte interesada, aunque sea mínimamente, cumple con el estándar de protección que se menciona como necesario para proteger el acceso a la información y la obligación positiva del Estado de suministrar información, de manera real y efectiva, de carácter pública", añadió.

Finalmente, Posse concluyó que la sentencia apelada por la Provincia no se ajustaba a derecho. "Se evidencia arbitraria y contradictoria, lo que desnaturaliza la potestad jurisdiccional atribuida al Poder Judicial", sentenció.