08 Octubre 2018
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BUENOS AIRES.- El Centro Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) presentó esta mañana ante la Justicia Federal de La Plata una acción de amparo colectivo de alcance nacional contra el cargo extra que el Gobierno oficializó este viernes, mediante la resolución 20 de la Secretaría de Energía.
Cepis es la ONG que en agosto de 2016 obtuvo un fallo favorable de la Corte Suprema que frenó el primer tarifazo del gas y obligó al Gobierno a llamar a audiencias públicas. Finalmente, el incremento se implementó a partir de octubre de ese año y no desde abril, como se había estipulado.
"La acción interpuesta por Cepis determina la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Hacienda dictada el viernes pasado por el Poder Ejecutivo Nacional. También del inciso 5° del artículo 37 del decreto 1738/92 y del punto 9.4.2.5 de las Reglas Básicas de Licencia de Distribución aprobadas por Decreto 2255/92. Este conjunto de normativas van en contra de los artículos 1, 14, 16, 17, 42 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y, por lo tanto, son inconstitucionales y nulas", consideró esa ONG en sus redes sociales.
En tanto, intendentes peronistas bonaerenses lanzaron en las últimas horas una ofensiva política y judicial contra el nuevo aumento de las tarifas de gas, detalla TN.
A través de redes sociales, Gabriel Katopodis (San Martín), Juan Zabaleta (Hurlingham), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Verónica Magario (La Matanza), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Ariel Sujarchuk (Escobar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Andrés Watson (Florencio Varela), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Francisco Durañona (San Antonio de Areco) y Walter Festa (Moreno) criticaron a Iguacel y lo invitaron a recorrer sus municipios. Fue una respuesta a las declaraciones del secretario, que dijo que las críticas a los nuevos incrementos provenían "en su mayoría de militantes kirchneristas".
Katopodis anunció además que este lunes presentará un amparo colectivo para no pagar la nueva suba, a la que calificó de "ilegal e irracional".
"Es una locura que el Gobierno vuelva a aplicar un tarifazo y un ajuste en el bolsillo de los argentinos. Vamos a defender a los clubes de barrio, a las pymes, a los comercios y a cada familia de San Martín. El tarifazo en San Martín no pasa", señaló el jefe comunal en un mensaje difundido también en redes sociales.
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Guido Lorenzino, también preparaba un amparo colectivo para rechazar el cargo extra.
Precio dolarizado
Según la normativa, el precio del gas está dolarizado. Las distribuidoras compran a las productoras el fluido a un precio definido en dólares. En abril, el Enargas fijó un tipo de cambio de unos $ 20,55, en línea con la cotización de la divisa de ese momento. Pero la devaluación posterior generó una diferencia de unos $ 10.000 millones. Las distribuidoras, por contrato, no pueden hacerse cargo de la diferencia y deben transferirla a los usuarios.
El Gobierno indicó que generó este mecanismo de 24 cuotas para aliviar la carga sobre los usuarios finales.
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