El oficialismo debe acordar con jueces y docentes antes de concretar las últimas reformas políticas

El oficialismo de la Legislatura avanzará esta semana con dos reformas al sistema de votación que se aplicará en 2019: el pase de la Junta Electoral a la órbita del Poder Judicial, que tendrá como aditivo la competencia originaria de la Corte Suprema en demandas electorales; y la designación de docentes de escuelas públicas como autoridades titulares y suplentes de mesa el día de los comicios.

El bloque Tucumán Crece-PJ cuenta entre propios y aliados con al menos 38 votos sobre 49 posibles, por lo que la principal oposición a esos cambios no está dentro del recinto. Antes de darles dictamen a las iniciativas y de ponerlas a consideración del cuerpo colegiado, el sector alineado a la Casa de Gobierno deberá dialogar con jueces y con gremios docentes.

El primer asunto, que asoma como el de mayor impacto institucional, todavía no está expresado en un proyecto de ley formal, pero fue anunciado en su esencia por el vicegobernador Osvaldo Jaldo y por el presidente subrogante de la Cámara, Fernando Arturo Juri.

La intención de “despolitizar” o “despartidizar” la Junta Electoral es el argumento para que ese órgano administrativo del Estado provincial pase al organigrama del Poder Judicial de Tucumán. Con esto, cambiaría el esquema de la conducción con respecto a 2015 (compuesta por el presidente de la Corte, el ministro fiscal y el titular de la Legislatura) y pasaría a tener sólo magistrados: el presidente de la Corte, el ministro Fiscal y ministro de la Defensa. La idea del oficialismo, además, sería que las causas por litigios electorales salgan de la competencia del fuero Contencioso Administrativo, donde recibió un duro revés procesal en los comicios de 2015, y pasen directamente a manos del máximo tribunal provincial. La principal traba que afrontaría el oficialismo por estas horas es que la cabeza de la Justicia acepte el costo político y operativo de intervenir de inmediato en esas cuestiones.

En paralelo, la nueva composición de la Junta Electoral abre un escenario complejo para la oposición. Por un lado, no verían mal que el órgano de contralor sobre los comicios dependa de la Justicia. Sí generan resistencia otros aspectos. El central: la supresión del fuero Contencioso Administrativo en estas demandas. Además, en 2015 Cambiemos ya objetó la participación del jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez, por haber sido referente del PJ tucumano y ministro de Gobierno de la gestión alperovichista. El titular de la Corte, Daniel Posse, también fue funcionario de José Alperovich, más allá de que parece tener mejor diálogo con la oposición. Y el ministro de la Defensa, cargo vacante desde su creación, será propuesto por el gobernador Juan Luis Manzur, según dictan las normas.

Autoridades de mesa

Mientras el proyecto para la nueva Junta sigue como “borrador”, sí está formalizada la propuesta para establecer la designación de docentes de escuelas públicas como autoridades titulares y suplentes de las mesas de votación. El proyecto firmado por Juri, Ramón Santiago Cano, Graciela del Valle Gutiérrez y Nancy Bulacio recibió elogios de Jaldo. Pero los referentes de ATE, David Toledo, y de AMET, Edgardo Bessone, no se mostraron del todo conformes con la posibilidad. De hecho, alertaron que el rol de presidir un centro de recepción de boletas es un derecho y un deber cívico en general, y que no debería ser asignado a un único sector de la sociedad. Pensando en 2019, se necesitarán al menos 6.400 autoridades para 3.200 mesas. Casi uno de cada cinco docentes de la planta estatal requerida por la iniciativa. Por esto, el Ministerio de Educación tendrá un rol clave para aplicar el proyecto.

Hasta ahora, la única modificación al sistema electoral que se aplicará el año próximo ha sido la eliminación de los partidos municipales y comunales. Esta norma ya fue cuestionada en el fuero contencioso administrativo por dos concejales del partido “Compromiso Yerba Buena”, Marcelo Rojas y José Macome, quienes tienen banca pero no partido. En la Junta Electoral siguen con atención el litigio para conocer el impacto final de la ley, que dejó en pie sólo los armados provinciales y de distrito.

Mientras tanto, el tiempo para realizar nuevos cambios al sistema electoral se agota. Sobre todo para las modificaciones de fondo, como los “acoples”. En el oficialismo ya se pusieron plazo, hasta fin de año, para culminar con esta labor. Y no aparecen muchos proyectos más en el radar del PJ.