07 Octubre 2018
> ENFOQUE
LUIS ALBERTO COMBA
Tributarista
En los últimos tiempos la ciudadanía se ha visto sorprendida por un proceso que demuestra, hasta lo más profundo, los niveles de corrupción que han azotado al país, muy parecido a un constante saqueo de los fondos públicos, que toda la comunidad aporta con su esfuerzo diario.
Aún cuando haya existido, desde siempre, una sospecha de la existencia de un sistema de corrupción alarmante, en esta oportunidad se han presentado testimonios de todas las partes involucradas. El empresario que paga la coima, el funcionario que las percibe, el financista que las “lava o transforma” y hasta jueces que absolvían porque “lo apretaban”.
En esta etapa, las defensas que se esgrimen parten de una idea -que parece absurda- como lo sería un gigantesco complot y por el uso de la figura del “arrepentido”, que resulta cuestionada con el argumento que cada uno dice lo que la justicia quiere escuchar. Y eso es una falacia porque el arrepentido está reconociendo un delito, aun cuando pretenda con esa actitud, reducir su potencial pena posterior.
Queremos hacer una breve referencia a una importante figura de estos arrepentidos, como lo son los empresarios.
Más allá del proceso penal en curso sobre los mismos, ¿qué se puede esperar para este sector? En realidad, ¿qué debemos esperar?
Y seguramente quien ya debe estar preparándose para entrar al ruedo es la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Sin duda alguna este organismo debe controlar cómo hicieron estos empresarios -o sus empresas- para pagar las coimas que reconocieron haber abonado. Este requerimiento debe estar siendo preparado. No puede ser de otra manera.
Es claro que esos fondos salieron de las empresas. Ahora preguntamos ¿cómo pudieron contabilizarse esos pagos? En primer lugar, imputando un gasto aun careciendo del comprobante correspondiente. Posibilidad casi nula, porque la empresa entraría en una figura fuertemente sancionada por la ley de impuesto a las Ganancias, denominada “salidas no documentadas”, que hubiera subsistido aun cuando no se hubiera detectado este entramado de corrupción.
Entonces seguramente existirá algún comprobante que justifique esa salida de dinero. Es decir posiblemente encontraremos documentación que respalde algún gasto que en realidad “estaría simulando” la erogación, pretendiendo transformarla en una salida lícita. Ya sea que se trate de facturas apócrifas (de empresas que son inexistentes o completamente falsas en su estructura), o empresas reales con las cuales se reflejan servicios o compras falsas.
Pero cualquiera sea el caso, las empresas generaron en sus estados contables y declaraciones fiscales gastos y deducciones falsos, que debieran ser “ajustadas” por la AFIP, o previo a ello, voluntariamente por las empresas cuestionadas.
La ultima posibilidad de registración contable, es que el comprante contabilizado no se refleje como una erogación o gasto de la empresa, sino como un adelanto, anticipo o retiro de fondos del empresario titular de la firma, quien habría abonado la “coima” con estos fondos.
La situación de la empresa, en este caso, no presentaría problemas fiscales especiales. Pero trasladaría el problema a los empresarios cuestionados, que deberían demostrar en su declaración jurada personal el uso de esos fondos y su aplicación concreta. Y muy difícilmente se haya declarado estas erogaciones dentro de monto informático que se denomina “consumo” de la declaración personal de estos contribuyentes. Serían en este caso los empresarios, quienes tendrían que estar analizando la situación para ajustar esas diferencias y la AFIP para reclamarlas.
Como conclusión señalamos que cualquiera sea la forma en que se abonaron esas sumas e independientemente del resultado del proceso judicial que actualmente se lleva a cabo, los fondos destinados al pago de esa corrupción deben tener su correlato fiscal y, por lo menos parte de ellos, debe volver a las arcas del Estado, a través de los ajustes fiscales que corresponde.
Esperemos la AFIP urgentemente actúe en este camino. Esos fondos le pertenecen a la comunidad.
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