La cuestión tarifaria sigue abierta en el debate fiscal

La pregunta surgió ayer en distintas esferas políticas: ¿cuál es el lado B del acuerdo? ¿Cuáles son los compromisos asumidos por Tucumán para firmar la addenda del Consenso Fiscal? ¿Quién se hará cargo de la quita a los subsidios nacionales en la energía y el transporte? Las respuestas están del lado del Poder Ejecutivo. En la Casa de Gobierno sostienen que era conveniente avanzar con el nuevo pacto fiscal que, como principal beneficio, refinancia prácticamente toda la deuda pública a una tasa baja (del 6,7%), con un plazo de pago de 10 años y tres de gracia, lo que liberará a razón de $ 600 millones para cubrir otras necesidades financieras de la provincia, como por ejemplo la obra pública.

En los considerandos de la addenda del Consenso Fiscal se establece que la discusión pasa ahora por el Congreso, que deberá analizar el proyecto de ley de Presupuesto 2019 “con equilibrio fiscal primario, proyectándose para 2020 un presupuesto con un superávit fiscal primario del 1%”.

En el marco de la reducción de subsidios nacionales en materia energética y de transporte, dice el texto del convenio marco, se prevé, a partir del 1 de enero de 2019, entre otras medidas, “ la participación de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la definición de la tarifa eléctrica diferencial en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios residenciales, y en la definición de las compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor que se desarrollan en el ámbito de sus jurisdicciones”.

La cuestión no es menor, tomando en cuenta los propios cálculos que ha realizado el Ejecutivo tucumano: $ 1.950 millones en el caso del traslado de subsidios a empresas de transporte y otros $ 550 millones para sostener la tarifa social de la tarifa de electricidad. En ambos casos, la Nación cree que meso puede ser compensado con los beneficios de sostener la alícuota de los impuestos provinciales, estimados en $ 2.570 millones durante 2019. El resultado: empate.

El gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo tienen previsto reunirse hoy para evaluar los alcances del convenio y establecer la intervención legislativa para avalar el acuerdo.

El titular del Poder Ejecutivo resaltó ayer la conveniencia del nuevo pacto fiscal, que permitirá la pesificación de una deuda dolarizada y generada hace más de dos décadas por la rescisión del contrato con Aguas del Aconquija. Se trata de unos U$S 170 millones que, por decisión de un tribunal arbitral, la Nación debe pagar al grupo Vivendi, como garante de la provincia. Manzur indicó que esa deuda será pesificada a $ 28 por cada divisa estadounidense, tomando como referencia el tipo de cambio vigente a junio pasado.

La negociación encarada con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, contempla el uso de los “Bonos de la Nación Argentina para el Consenso Fiscal” que, en el caso tucumano, implican una disponibilidad de $ 3.300 millones que será destinada a saldar parte de aquel compromiso dolarizado.

Esos títulos públicos eran intransferibles y no tienen cotización en los mercados de valores. Pero, además, hay otro beneficio que, según el Ministerio de Economía, redundará la firma del acuerdo fiscal: la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Para lo que resta del año, Tucumán prevé recibir alrededor de $ 250 millones por ese concepto.

“Pesificamos la deuda que había con el Gobierno nacional con el Centro de Arreglo de Diferendos relativos a Inversiones (Ciadi), que fue transformada al dólar de junio de $ 28 y los bonos que tenía la Provincia del Pacto Fiscal fueron entregados como compensación”, señaló ayer a la prensa el gobernador.

“Hoy la totalidad de la deuda que tiene Tucumán es sólo con la Nación, porque no tiene otro compromiso con ningún organismo financiero internacional ni banco. Entonces, son $ 4.000 millones, que se pagarán con una tasa al 6% anual en pesos”, puntualizó el mandatario.

La deuda pública consolidada de Tucumán fue calculada por la Contaduría General de la Provincia en $ 10.694 millones al cierre de julio pasado. Casi en su totalidad responde a compromisos asumidos con el Gobierno nacional.