¿Quién es responsable por la reglamentación?

“La ley se vuelve aplicable una vez que ha sido reglamentada, en los casos que necesitan reglamentación”, definió la legisladora peronista Stella Maris Córdoba. “Lo que hacen es generar una situación de incertidumbre donde parece que hay un derecho pero no generan los caminos para alcanzar esos beneficios”, criticó el parlamentario radical José María Canelada.

La Constitución provincial impone al Poder Ejecutivo de la provincia emitir las disposiciones necesarias para una efectiva aplicación de las leyes que sancione la Legislatura. Además, hay normas que expresamente ponen en cabeza del Gobierno la obligación de reglamentarla en un determinado período de tiempo. Pero eso no siempre ocurre. De las leyes sancionadas durante la gestión del gobernador Juan Manzur que expresamente requieren reglamentación, hay 20 normas que siguen esperando (ver cuadro).

En Casa de Gobierno, diversos funcionarios explicaron que el reglamento debe surgir de cada área específica, según el contenido de la ley. Pero señalaron a la Secretaría General de la Gobernación como al departamento encargado de coordinar estas tareas y resolver el tema. Pese a los reiterados intentos de este diario, no fue posible acceder al testimonio de Silvia Pérez, titular del área.

Por el contrario, desde el Siprosa sí optaron por manifestarse acerca de las leyes que son de su competencia. Conrado Mosqueira, secretario general administrativo de la entidad, sostuvo que las demoras pueden deberse a distintos motivos. “Algunas leyes necesitan un informe de los técnicos. Cada ley tiene su respuesta en particular”, sostuvo. Agregó que están trabajando en propuestas para reglamentar otras leyes pendientes, tales como la que protege a los pacientes de Alzheimer, entre otras.

Córdoba explicó qué herramientas tienen los legisladores para requerir la reglamentación. “Se puede hacer un proyecto de resolución, que es un mensaje político. También se puede hablar con los funcionarios. Pero no hay una medida coercitiva”, detalló.

Canelada aseguró que intentó por medios “amigables”, pero que fracasó. “No nos ha dejado otra posibilidad que ir a la Justicia penal”, argumentó en referencia a la denuncia que presentó contra Manzur por no haber reglamentado un total de 22 leyes, algunas de las cuales fueron sancionadas durante gestiones anteriores. Según el radical, Manzur habría incurrido en los presuntos delitos de abuso de la autoridad y de incumplimiento de sus deberes como funcionario público.