Tucumán se sumó al nuevo acuerdo fiscal con la Nación

Esperó hasta el final para negociar no por un financiamiento constante, sino por una refinanciación amplia que implicara la pesificación de un compromiso que aún estaba impago: el del juicio que perdió ante el Centro de Arreglo de Diferendos Relativos a Inversiones (Ciadi) por la rescisión del contrato del servicio sanitario con Aguas del Aconquija, en 1996. Ese tribunal del Banco Mundial condenó a la Argentina a resarcir al grupo Vivendi con U$S 170 millones. El Gobierno nacional, a su vez, debía descontar esa obligación en 180 cuotas de la coparticipación de Tucumán. Hasta ahora eso no sucedió. Ni sucederá. El gobernador Juan Manzur se sumó ayer al lote de mandatarios provinciales que firmaron la addenda (perdón) del Consenso Fiscal que establece una serie de pautas para la reducción de algunos impuestos y el sostenimiento de la disciplina fiscal. Lo hizo en Buenos Aires ante el ministro del Interior Rogelio Frigerio. Junto con Manzur el santiagueño Gerardo Zamora fue el décimo octavo gobernador que le dio el sí al acuerdo.

El mandatario tucumano preveía alcanzar un acuerdo que significara una compensación de fondos ante el recorte anunciado por la gestión del presidente Mauricio Macri en el Presupuesto Nacional 2019. Tucumán tendrá una compensación cercana a los $ 2.570 millones, pero además podrá refinanciar una deuda con la Nación que roza los $ 8.000 millones (casi el 80% de las obligaciones a pagar por la provincia) a 10 años de plazo, con tres años de gracia y a una tasa anual del 6,7%, según precisó a LA GACETA el propio Manzur.

“Nos sacamos definitivamente el peso de una mochila, de un endeudamiento que estaba creciendo al ritmo del dólar”, indicó el mandatario desde la Capital Federal antes de emprender el retorno a esta ciudad.

La firma de la addenda fiscal no significa un compromiso directo del Poder Ejecutivo tucumano a la sanción del Presupuesto Nacional 2019, indicó el gobernador. “Seguiremos conversando. Nuestros diputados y senadores verán lo que sea más conveniente para la provincia”, puntualizó el mandatario.

¿Cómo es el esquema?

Si bien faltan los detalles más finos del acuerdo, entre otros puntos se destaca la compensación de las deudas globales que Tucumán tiene con la Nación por aquellos $ 8.000 millones. A eso se resta unos $ 3.300 millones, que corresponden a los bonos de cancelación que el Gobierno nacional le entregó a la provincia para renunciar a reclamos judiciales por más coparticipación.

En consecuencia, quedarían por refinanciar cerca de $ 4.000 millones a 10 años de plazo, con tres de gracia, y al 6,7% anual.

¿Qué pasa con la deuda dolarizada? El compromiso asumido por el juicio perdido ante el Ciadi se pesificará a razón de $ 28 por dólar y también entrará dentro de las compensaciones de deuda. De acuerdo con los cálculos del Ministerio de Economía de Tucumán, al compensar las deudas, quedaría un remanente de unos $ 900 millones del viejo juicio de Aguas del Aconquija. De esa manera, el peso de ese ítem en la deuda pública tucumana será relativamente baja. Según las cifras de la Contaduría General de la Provincia, Tucumán acumuló obligaciones a pagar por $ 10.694 millones al cierre de julio pasado. De ese total, $ 10.250 millones corresponden a compromisos asumidos con el Gobierno nacional, mientras que el resto se divide entre préstamos de organismos internacionales y emisión de títulos públicos.

En los hechos, la administración de Juan Manzur no tendría que pagar capital ni intereses de la deuda por cerca de $ 600 millones anuales el año que viene y en los dos años subsiguientes, que corresponden al período de gracia acordado con la Nación.

“Existe un compromiso importante para fortalecer la gobernabilidad por parte de un sector importante de la oposición y muestras de responsabilidad para aprobar un presupuesto equilibrado, instrumento fundamental para recuperar el camino del crecimiento en la Argentina”, declaró ayer el ministro del Interior antes de alcanzar el acuerdo con los dos gobernadores norteños.