Por Martín Soto
04 Octubre 2018
COMPROMISO. Las autoridades del IPV prometieron terminar los trámites administrativos de las cuatro obras de viviendas, y se firmen los contratos LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
El plazo que pusieron es de 25 días. Si no, afirmaron que se movilizarán para reclamar el reinicio de las obras. Desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) presionan para que comience la edificación de 400 viviendas sociales en el Gran San Miguel de Tucumán, que ya fueron autorizadas por el Gobierno de la Provincia. La crisis golpea como una piqueta en el ámbito de la construcción y unos 5.000 empleos se extinguieron sólo este año entre obras que se suspendieron, que terminaron o que directamente no fueron iniciadas.
La interventora del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Noemí Ferrioli, recibió ayer en su despacho al secretario de la Uocra, David Acosta, y a representantes de las cuatro empresas que resultaron adjudicatarias en 2016 de la construcción de 100 casas cada una: Gama (en San Andrés), Ingema (en Yerba Buena), Queñoa y Mateo (ambas obras en Villa Carmela). De allí surgió un compromiso verbal de comenzar con los trabajos de 200 viviendas antes de fines de mes, y poner en marcha la segunda mitad en noviembre.
Acosta dijo que, desde el gremio, tenían planeado movilizarse para exigir el inicio de las obras; esto aceleró el encuentro de ayer. Allí solicitaron plazos concretos para arrancar los trabajos, y adelantaron que, de no cumplirse, saldrán a las calles. “Hay un compromiso para comenzar dentro de 20 a 25 días. Si no se cumple, nos movilizaremos al IPV”, advirtió.
Techos añejos
El proyecto original data de 2016. Se trata de un convenio entre la Nación y la Provincia para la construcción de 10 módulos de 100 casas cada uno, enmarcados dentro del Programa Federal de Construcción de Viviendas “Techo Digno”.
Mediante ese plan se pretendía edificar las primeras 1.000 casas gestionadas bajo el mandato del gobernador Juan Manzur. En el acuerdo, que debía demandar una inversión de $ 906 millones, se señalaba que las empresas que se presentaran en la licitación debían ofrecer el terreno opcional para edificar las viviendas. Por una serie de desacuerdos entre la Casa Rosada y Tucumán, las obras no se iniciaron en 2017, como estaba previsto.
La Provincia gestionó este año los fondos para comenzar, pero ahora una de las trabas es la redeterminación de los valores de los terrenos, algo que plantearon las constructoras en la reunión con Ferrioli.
Optimismo
“Hubo un compromiso por parte del Instituto de la Vivienda de que se terminaría con todos los trámites administrativos correspondientes a las transferencias de los terrenos de cada una de las obras para el inicio inmediato y la firma del contrato y del acta de inicio”, explicó -al final del encuentro- Jorge Garber, titular de la constructora Gama. Indicó que los montos de las obras aún no se los puede determinar hasta tanto se establezcan los nuevos precios de los predios a edificar.
Agregó que, una vez que se pague y se transfieran los terrenos, estarían en condiciones de firmar los contratos. “Esto va a paliar la desocupación en la Uocra, pero no va a solucionar el problema”, expresó el empresario, que reconoció que con las condiciones económicas actuales a las constructoras les resulta inviable iniciar nuevos proyectos. En ese sentido, Emilio Graña (Ingema), presidente de la CTC, dijo que la reunión fue alentadora porque se está trabajando para dar inicio a obras que vienen retrasadas.
Desde la Uocra tomaron con optimismo las promesas y estimaron que, con la construcción de las 400 casas, se beneficiarían unos 1.500 trabajadores, de manera directa e indirecta. Está previsto que los trabajos se extiendan entre 18 y 24 meses.
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