La nueva Junta Electoral será “netamente judicial”, dijo Juri

A menos de un año para las elecciones, aún no hay consenso sobre quiénes serán los árbitros de la contienda que renovará o ratificará las autoridades de la Provincia. Más allá de los nombres propios, sin embargo, el oficialismo parece haber tomado una decisión clave al respecto.

El presidente subrogante de la Legislatura, Fernando Arturo Juri (PJ), detalló a LA GACETA que, en el marco de la reforma electoral con miras a 2019, en el cuerpo colegiado están analizando las distintas alternativas propuestas por sus integrantes para el rediseño de la Junta Electoral Provincial (JEP). En ese sentido, el legislador que secunda al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, anticipó que habría un acuerdo para que la conformación del órgano de control sea “netamente judicial”; es decir, que sólo participen funcionarios de la Justicia.

Así, habría perdido fuerza dentro del bloque oficial la posibilidad de crear un nuevo ente de cinco miembros, tres por la mayoría y dos por la minoría, como impulsó en un principio el apoderado legal del Partido Justicialista (PJ), Marcelo Caponio.

La Junta Electoral establecida en la Constitución Provincial de 2006 fue “derrumbada” en 2011, a través del fallo conocido como “MP3” que dictó la Sala II del fuero Contencioso Administrativo. Aquella integración -presidente de la Corte Suprema, vicegobernador y fiscal de Estado- no satisfacía la garantía de “inequívoca independencia del Poder Ejecutivo y del partido gobernante”, según la sentencia. Por ello se retomó el esquema anterior, en el que participaban el presidente de la Corte, el vicegoberandor y el ministro fiscal. Sin embargo, tampoco se pudo aplicar ese armado en 2015, ya que el entonces vicegobernador, Juan Manzur, era candidato a gobernador y todos los miembros del Poder Legislativo tenían interés en el resultado de los comicios. Una suerte similar corrió el jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez: en reemplazo del ex ministro de Gobierno y Justicia de José Alperovich la JEP designó a Ana María Rosa Paz, fiscala en lo Civil de la I° Nominación del Poder Judicial. Sólo Antonio Gandur, por su rol de titular del máximo tribunal, pudo participar como miembro de la Junta.

Con estos antecedentes, en el oficialismo y en la oposición hay consenso sobre la necesidad de rediseñar el tribunal que coordina y controla las elecciones. Aunque el debate sobre la reforma política fue anunciado poco después de la asunción de Manzur y de Jaldo, la comisión especial de la Legislatura abocada a esa labor se reunió en no más de cinco oportunidades. Además, la única modificación al régimen de votaciones fue la eliminación de los partidos municipales y comunales, impulsada en marzo por el gobernador y sancionada en julio por el cuerpo legislativo.

El otro cambio en pie propuesto por la bancada afín a la Casa de Gobierno -estaba contemplado en el informe “Tucumán Dialoga”- consiste en establecer que los docentes de escuelas públicas se desempeñen como autoridades de mesa y suplentes en los más de 3.600 centro de votación.

Por el momento, y más allá de los proyectos planteados desde diferentes bloques, no parece que la Legislatura vaya a avanzar en otros aspectos más complejos del régimen electoral, como establecer un límite a la cantidad de “acoples”, disponer la obligatoriedad de publicar los gastos de campaña y el origen de los recursos financieros, la equidad de género en el armado de las listas de candidatos parlamentarios y otras ideas que llegaron a la comisión especial para la Reforma Política del Poder Legislativo.

Ante este cuadro, el principal cambio con respecto a 2015 sería la nueva Junta Electoral. De los dichos del oficialista Juri se infiere que sólo magistrados del Poder Judicial integrarían el órgano de control. De avanzar esta alternativa, cobraría todavía más relevancia la cobertura del cargo del ministro de la Defensa, que sigue ejerciendo de manera interina el ministro fiscal Jiménez.