Según el juez federal Claudio Bonadio, para ganar una obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios al transporte automotor o empresas prestatarias de bienes y servicios por cuenta y orden del Estado, una empresa o grupo de empresas entregaban un porcentaje de lo que el Estado les pagaba, a los funcionarios que Néstor Kirchner y Cristina Fernández designaban para recibir esos “retornos” o “coimas”.
El producido de esos sobornos era utilizado para sufragar de manera ilegal actividades de naturaleza electoral, o vinculadas a la gestión política del Gobierno y de organizaciones satélites. Partes de esos fondos se desviaron para comprar voluntades del Poder Judicial o de funcionarios que supieron trajinar algún organismo vinculado a tareas de inteligencia política; pero el grueso de esos fondos fueron destinados a engrosar de manera espuria e ilegal, el patrimonio personal de quienes entre los años 2003 y 2015 ocuparon los más altos cargos de la República.
El mecanismo
1- A 51 personas se les imputa haber integrado una asociación ilícita que desarrolló actividades desde principios de 2003 hasta noviembre de 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.
2- La asociación ilícita fue comandada por Néstor Kirchner y por Cristina Fernández, quienes detentaron el cargo de Presidente de la República Argentina, entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, y el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, respectivamente.
3- La maniobra fue organizada por Julio de Vido y por Roberto Baratta (ex Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación), quienes desde los cargos que ocupaban se encargaban de que se realizaran los cobros comprometidos.
4- Los cobros fueron recaudados principalmente por Baratta y por su secretario privado, Nelson Lazarte. También participaron activamente de este sistema de recaudación recibiendo pagos: Walter Fagyas (Asesor de la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal y Presidente de Enarsa), Rafael Llorens (Subsecretario Legal del Ministerio de Planificación), Hernán Gómez (funcionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal) y Fabián García Ramón (Director Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal).
5- Los nombrados, en casi todas las oportunidades, fueron transportados a los lugares donde se hicieron los pagos/cobros por Oscar Centeno, que recibía órdenes de Baratta y de De Vido.
6- El sistema estribaba básicamente en una serie de “puntos fijos de recaudación”, en los cuales se reunían los funcionarios identificados con los empresarios, de los cuales recibían dinero en efectivo, principalmente en moneda estadounidense; alternativamente esos “puntos fijos” se concretaban en estacionamientos públicos o privados y el “pase” de dinero se hacía directamente de automóvil a automóvil o también en oficinas públicas y privadas.
7- Había un primer círculo de percepción de fondos (Baratta, Fagyas, Lazarte, García Ramón, Llorens y Germán Nivello), quienes tenían contacto directo con quienes aportaban los fondos involucrados. En un segundo círculo estaban quienes a su vez recolectaban esos fondos ilegales para entregarlos a quienes en definitivas comandaron y organizaron ese sistema.
8- En el segundo nivel (los que recibían los fondos recaudados y los derivaban a los jefes y organizadores o aplicaban esos fondos a otras actividades delictivas) estaban José María Olazagasti, Hernán del Río, Hugo Larraburu, Juan Manuel Abal Medina y Héctor Muñoz.
9- Quienes se beneficiaron de este sistema recaudatorio (no es el único, según el conocimiento que en otras causas tramitan o tramitaron en este tribunal o son de público y notorio) son Kirchner, Cristina Fernández y De Vido. Recibían dinero de Rudy Fernando Ulloa Igor, Ernesto Clarens, Oscar Parrilli (Secretario General de la Presidencia y Director de la Agencia Federal de Inteligencia), Muñoz (Secretario privado de Presidencia), Larraburu (Coordinador de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete de Ministros), Abal Medina (Jefe de Gabinete de Ministros), Olazagasti (Secretario Privado de De Vido), Del Río (Secretario de José María Olazagasti), Jorge Omar Mayoral (Secretario de Minería del Ministerio de Planificación Federal), Nivello (Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda) y José López (Secretario de Obras Públicas).
10- Los recaudadores de la asociación ilícita contaron con la participación de empresarios que pagaron sumas de dinero por un monto aproximado U$S 55,4 millones, en un sinnúmero de oportunidades entre 2003 y 2015; lo que permite acreditar la permanencia en el tiempo de la organización ilícita.
11- Las personas que estaban a cargo de las firmas Esuco SA (Carlos Wagner), Perales Aguiar S, Vial Agro SA, Biancalani SA, Luis Losi SA (Luis Losi), Fontana Nicastro SA, Marcalba SA, Iecsa SA ( Ángel Calcaterra), José J. Chediack (Juan Chediack), Equimac (Marcela Edith Sztenberg), Coarco SA (Patricio Gerbi), José Cartellone Construcciones, Vialco SA y Grupo Eling SA (Jorge Neira, Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta), entre otras, participaron -entre otros empresarios y empresas- en las maniobras mediante las cuales fueron beneficiadas de modo espurio con contratos para realizar obra pública básicamente ligada a la energía, entre los años 2003 y 2015.
12- Los responsables de esas empresas acordaban a cuál le correspondía cada obra y debían entregar aproximadamente entre el 10% y el 20% del valor de la contratación a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, entre los que se encontraban Clarens, como intermediario, Lazarte, Baratta y López, quienes luego se lo daban a De Vido, a Kirchner y a Cristina.
13- Un aspecto que se desprende de los primeros testimonios recolectados en la investigación es que el dinero pedido por los funcionarios y entregado por los empresarios se correspondía con “aportes de campaña”, cuestión que se fue relativizando a medida que los empresarios “aportantes” empezaron a reconocer que eran para “gastos de la política” y luego sólo reconocimiento de que eran coimas.
14- Las constancias incorporadas a lo largo de la investigación dan cuenta que durante la presidencia de Kirchner se puso en funcionamiento un sistema ilegal de recaudación en el ámbito del ex Ministerio de Planificación, principalmente mediante la cartelización de la obra pública y los subsidios. Continuó durante la presidencia de su esposa, Cristina Fernández, hasta los últimos días de su gobierno.
15- De lo expuesto, se concluye que desde el fallecimiento de Kirchner únicamente cambió el sistema de recaudación, ya que dejaron de llevarse los bolsos con dinero al domicilio de la calle Uruguay 1.306 de la CABA, pero las empresas continuaron entregando dinero a los funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, manteniéndose como destinataria final del dinero Cristina Fernández.
16- Kirchner y Cristina se vislumbran como los jefes de esta asociación delictiva. El dinero era entregado alternativamente a los titulares del poder ejecutivo o a sus secretarios privados en Uruguay 1.306 esquina Juncal 1.411, CABA, en la Residencia Presidencial de Olivos y/o en la Casa de Gobierno. Además de la prueba surge cómo los nombrados eran quienes daban las directivas y órdenes para el desarrollo de las maniobras investigadas, amén de que resultaban los beneficiarios finales de las mismas.