Los empresarios reclaman al Estado que baje la carga tributaria

La Federación Económica de Tucumán (FET) reclamó al gobernador, Juan Manzur, la efectiva disminución de la presión fiscal que afecta, particularmente, a las pequeñas y medianas empresas (PyME). “Es necesario el apoyo al sector por parte del Poder Ejecutivo, de manera que facilite el crecimiento sostenible y previsible de nuestra economía regional”, señaló la entidad en un comunicado que lleva las firmas de su presidente, Héctor Viñuales y de su secretario, Gregorio Werchow.

En su misiva, la FET también manifestó su total adhesión a la posición de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que a través de un comunicado, observó con preocupación la puesta en duda del cumplimiento del Pacto Fiscal acordado en noviembre de 2017 por las provincias y la Nación y que rebaja gradualmente el impuesto a los Ingresos Brutos.

“Este impuesto se aplica sobre las actividades económicas, con la particular característica de que se calcula sobre las ventas en todas las etapas. Desde la CAC reiteramos, que esto implica que se tenga un efecto cascada y distorsivo, debido al impacto en cada una de ellas ya que se repite la base imponible sobre la que se aplica”, señaló la central. Y agregó: “de suspenderse esta medida, afectaría a todo el sector productivo, a las economías regionales y en particular a las micro, pequeñas y medianas empresas, siendo una medida recesiva para la economía en general, erosionando la capacidad de desarrollo de las provincias y sesgando las inversiones”.

Por su parte, el Foro de Convergencia Empresarial publicó un trabajo en el que considera imprescindible el equilibrio fiscal, pero asegura que ese equilibrio debe lograrse a través de la reducción del gasto público y no mediante el aumento de impuestos. “El gasto público como porcentaje del PBI se ha incrementado en el período 2008-2015 en todas las jurisdicciones y se ha mantenido desde entonces en dichos niveles en las provincias y municipios. Ante esta situación vemos con preocupación que se propone dar marcha atrás en la baja de impuestos distorsivos como Ingresos Brutos, impuesto a los Créditos y débitos bancarios y el impuesto de Sellos. Si bien esta rebaja fue aprobada en un Consenso Fiscal en el mes de noviembre 2017, algunas jurisdicciones aprovecharon para aumentar las tasas en el impuesto a los ingresos brutos o están pensando en hacerlo”, señaló.

Asimismo, argumentó que estos nuevos gravámenes, las revaluaciones en la propiedad inmobiliaria, la no aplicación del ajuste por inflación impositivo y otras medidas similares implican aumentos en la presión tributaria. “Es imprescindible evitar los atajos fáciles que implican las sucesivas subas de impuestos a quienes ya soportan una enorme carga tributaria. Este esfuerzo debe ser compartido por la Nación, las provincias y los municipios. Por eso es necesario avanzar hacia un gasto público eficiente”, finalizó la entidad empresaria.