A cinco años de iniciadas las obras de los puentes peatonales que complementan la construcción de los túneles de las calles Córdoba y Mendoza, la Provincia aún no pudo concretar la recepción definitiva por parte de la empresa constructora Di Bacco.
El Tribunal de Cuentas (TC), a través del Acuerdo 4.088 (dictado el pasado jueves 13), solicitó información complementaria a la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia para que explique el estado de situación de esos trabajos, debido a una serie de cuestiones. Según el documento oficial, se detectaron “grietas en los muros barandas de los descansos de ambos puentes, en canteros, y asentamientos en rampa del puente peatonal correspondientes a calle Córdoba, sobre calle Suipacha, provocando un desnivel”.
Si bien el subsecretario de Obras Públicas de la Provincia, Daniel Rivero, aclaró que no son daños graves y que no está comprometida la estructura, el pedido de informes del Tribunal de Cuentas imposibilita que la Provincia complete el acta de recepción de la obra.
El funcionario provincial explicó que las consideraciones que realizó el departamento de Ingenieros Fiscales del TC están centradas en los terraplenes de acceso y no en las pasarelas de 22 toneladas de hierro que instaló la compañía Di Bacco. “La tierra se ‘ha asentado’, por decirlo así, y se ha marcado en la pared. Esa parte está en la garantía, dentro de lo que denomina vicios ocultos. Se le informó a la empresa que lo repare. No estaría en riesgo ninguna cuestión estructural; hasta podría decir que es una cuestión estética”, afirmó Rivero.
Daños y vandalismo
En un recorrido que realizó LA GACETA en la zona del puente, se pudo apreciar a simple vista las fallas informadas por el TC, que está integrado por Miguel Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales).
En el predio se observan numerosos daños provocados por actos de vandalismo: lámparas y reflectores destruidos; robo de cañería eléctrica; y tensores de las barandas cortados. El cuadro se completa con canteros sin plantas y algunos, inclusive, con basura.
Rivero reconoció que los desmanes en la zona no son novedad y aseguró que la intención era colocar cámaras de seguridad, también en los accesos a los túneles, y que las imágenes sean monitoreadas por el 911. Sin embargo, la licitación cayó porque la empresa ganadora no aceptó mantener la oferta porque los costos estaban dolarizados.
“El 911 realiza recorridos cada dos horas, pero hasta tanto no se pongan las cámaras estamos un poco ‘a la buena de Dios’”, manifestó Rivero. Mientras tanto, aseguró que la Provincia se encarga de hacer mantenimiento a través de diversas reparticiones, como la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, Vialidad de la Provincia o el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento.
El funcionario provincial estimó que las tareas para reparar las grietas advertidas no demandarían mucho tiempo. “Se consolida el terreno con más tierra, se rellenan las gritas que pueden haber surgido y eso en principio no tendría que volver a asentarse más. Esta no es una falla estructural”, insistió. Dijo que la intención de la repartición provincial es terminar de cerrar la recepción definitiva para trasladarle las obras a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. El secretario de Obras Públicas municipal, Luis Chrestia, consultado por este diario, remarcó que no fueron notificados sobre los desperfectos dado que las construcciones continúan bajo la órbita provincial.
El traspaso de las obras que van por arriba y por abajo de la playa de maniobras del ferrocarril Belgrano Cargas genera entredichos entre la Provincia (PJ) y la Municipalidad (Cambiemos).
El blanco del fuego cruzado son los túneles de 160 metros de extensión, que sufrieron reiteradas inundaciones debido a fallas en las bombas de agua. Las disputas políticas se extendieron también fuera de los pasos subterráneos, en torno al inconcluso Paseo del Bicentenario: una zona parquizada en las calles Marco Avellaneda y Suipacha para esparcimiento de los vecinos. Por ahora, los escombros les ganan la pulseada a los juegos infantiles y al equipamiento urbano.
A diferencia las que se formaron en los accesos peatonales, la grieta que mantienen el Gobierno y el municipio parece estar lejos de cerrarse.