Para comenzar, durante el período 2005–2010 se desarrolla un sistema que consistía en recaudar y mi función era de coordinar con Daniel Muñoz para que él fuera el depositario de lo que las empresas que había nominado Wagner pudieran hacer su objetivo. Los porcentajes variaban entre el 3, 5 y rara vez el 7%, se desarrollaban en los anticipos financieros, y si no tenía anticipo financiero, sobre los certificados. Las empresas que nominó Wagner, como Chediack, Iecsa, Vialmani, Perales Aguiar, Lossi y Wagner mismo eran las que componía lo que se llamaba la Cámara Vial y era de libre el ingreso, también había empresas que no pertenecían a la Cámara Vial. Tuvimos un juicio de cartelización por una denuncia de Lavagna y se estableció que había conversaciones pero no cartelización.
Este tramo de la declaración de José López ante Claudio Bonadio tranquilamente podría ser parte del relato de otros empresarios, pero tucumanos y ante algún juez provincial. El ex secretario de Obras Públicas de la Nación provocó un tembladeral en el círculo rojo nacional. Habría ofrecido datos y pruebas precisas para complicar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a un grupo importante de exfuncionarios y empresarios. Todos temen caer.
¿Y si se replica en Tucumán? Las similitudes existen y como muestra basta el Instituto de la Vivienda, el lugar donde la Justicia ya habría probado irregularidades y extraños vínculos entre funcionarios y empresarios. La propia fiscala Adriana Gianonni aseveró que le llama poderosamente la atención que se haya producido tremenda cantidad de irregularidades sin que nadie haya notado nada, sin que el escándalo haya estallado antes y sin que ningún eslabón de la cadena de control administrativo hubiera frenado lo que considera fue un sistema de presunto favoritismo -entre otros delitos- con obras de viviendas.
Por este caso ya están detenidos los ex funcionarios Lucas Barrionuevo y Miguel Jiménez Augier. También habían sido detenidos los empresarios Sebastián y Martín Nieva, acusados de haber sido beneficiados con obras. Ellos recuperaron la libertad y pueden ser claves en el juego de similitudes con lo que declaró López. Eso si se arrepienten como el de Concepción.
La Justicia (antes LA GACETA, en “Panorama Tucumano”) logró establecer algunas cuestiones. Por ejemplo, el vínculo entre funcionarios y empresarios. Barrionuevo, del Ipvdu, había dicho que no conocía a los hermanos Nieva, pero eran sus sobrinos, hacían obras para el organismo y hasta le construyeron la casa a su tío. El fallecido Gustavo Durán, interventor del Ipvdu, también había entregado obras a la empresa Kursk, perteneciente a su cuñado, Raúl Eduardo Beverina. “Cometí un error y me hago responsable”, reconoció el funcionario el aquel momento.
El “caso Viviendas” abrió en Tucumán una serie de confesiones anónimas respecto del manejo de la obra pública. Como que en alguna cámara empresaria e incluso en bares del microcentro, a plena luz del día, algunos constructores habrían entregado bolsos con los porcentajes de López. También, como sostuvo el concepcionense, habría un “Wagner” que se habría encargado de conformar esa “cámara” de privilegiados: eran los únicos que podían adquirir los pliegos, pugnar en las licitaciones y finalmente ejecutar los trabajos públicos. Básicamente, las obras se habrían distribuido entre un selecto grupo de empresarios.
Siempre lo negaron. Ahora, de pronto, hay dos constructores que podrían hablar. Los Nieva colaboraron con la Justicia y habrían formado parte de esa “cámara” de la que, una vez que estalló el escándalo del Ipvdu, habrían sido echados. ¿Y si hablan?
Esa duda es la que carcome hace tiempo a los que supieron beneficiarse del supuesto boom de la obra pública en Tucumán. Se rompió el cerco de silencio que los protegía, el mismo que lograron tejer con una doble y contradictoria estrategia: que todos fueran parte, pero que nadie más pudiese ingresar al grupo. En concreto, que la mayor cantidad posible de empresas ganaran dinero, pero aceptando las reglas de juego de la “política. Los que no eran confiables para aceptar esas normas, no podían integrar la “cámara”. El sistema funcionó. Pero sólo un tiempo. Ahora corre riesgo de quedar, además de roto, expuesto.